Los sindicatos se encierran en la consejería de Educación y la sede del ERA

Las dependencias de la Consejería de Educación y la sede central del ERA, el organismo que gestiona las residencias públicas del Principado, sufren este lunes sendos encierros de delegados sindicales. En ambos casos, el objetivo es presionar para que se cumplan compromisos pendientes y dejar claro al gobierno asturiano que "ya no bastan buenas palabras".

En Educación, el encierro está protagonizado por delegados sindicales de ANPE, CCOO, UGT, SUATEA, CSIF para reclamar el desbloqueo de tres medidas concretas:

Aseguran que "los docentes asturianos sufren una discriminación objetiva", que, tras muchos años, resulta ya "inaceptable":

Recuerdan que Asturias es, junto con Madrid y Andalucía, la única comunidad autónoma que no ha ajustado el horario lectivo de los maestros a 23 horas y las mantiene en 25. Para una plantilla de unos 6.500 maestros en Asturias, la reducción de dos horas lectivas supondría la creación de 565 nuevas plazas.

Además, después de 17 años de la entrada en vigor de la LOE, Asturias sigue sin aplicar la reducción de la jornada lectiva a los docentes mayores de 55 años. La propuesta de los sindicatos es que estos profesionales puedan dedicar esas horas a tutorización, coordinación pedagógica y acompañamiento de los docentes más noveles.

Y, por último, destacan que los docentes son los únicos empleados del Principado que no disponen de días de asuntos propios, a diferencia de lo que ocurre en otras comunidades.

En la sede del ERA, los miembros del Comité de Empresa del ERA iniciaban esta mañana un encierro en la Gerencia del Organismo para que se apruebe la subida de mínimos prometida tras anteriores movilizaciones.

Además, reclaman el cobro de un complemento de peligrosidad, tras el aumento de las agresiones en los centros. Aseguran que en el último año se han duplicado y el perfil de residentes que están entrando en los centros es de una persona con media de edad de 55 años y algún problema psiquiátrico.

Aseguran que permanecerán encerrados hasta que conseguir ser recibidos por la consejera de Derechos Sociales o el presidente del Principado y acepten sus reivindicaciones.