Pena de cárcel para un concejal de un pueblo de Asturias por la muerte de un trabajador del plan de empleo local en 2022
El exedil de Noreña Pelayo Suárez ha sido condenado a dos años y tres meses de prisión como responsable de los delitos contra la vida y seguridad de los trabajadores y homicidio por imprudencia grave

Un furgón de la Guardia Civil, junto al Palacio de Justicia de Gijón
Asturias - Publicado el - Actualizado
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Dos años y tres meses de prisión. Es la pena a la que ha sido condenado el exconcejal de Noreña Pelayo Suárez, por la muerte de un trabajador del plan de empleo local, que falleció, en julio de 2022, en un accidente laboral.
El juez considera al que fuera edil de Independientes por Noreña -al frente, entonces, de Urbanismo, Obras y Servicios, Medio Ambiente y Seguridad Ciudadana- responsable del fallecimiento del operario; y autor de los delitos contra la vida y seguridad de los trabajadores y homicidio por imprudencia grave.

Cárcel de Asturias
El fallo del Juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo, que no es firme y que puede ser recurrido por el condenado, también le impone la inhabilitación especial durante el tiempo de condena, así como el pago de una multa de 5.400 euros.
UNa caída de seis metros mientras reparaba un tejado
El trabajador, Ramón Baldomero Menéndez, de 50 años y natural de Mieres, murió al caer desde una altura de casi seis metros cuando realizaba trabajos para la sustitución de la uralita de la cubierta del edificio 'La Plaza', propiedad municipal. Se cayó al interior de la sala polivalente, golpeándose fuertemente en la cabeza. Dejó viuda y tres hijos menores.

Ayuntamiento de Noreña
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El juzgado entiende que el accidente se produjo por "no adoptar ninguna medida de seguridad en la realización de una tarea de alto riesgo", que, al no existir ninguna figura intermedia como encargado de obras, era responsabilidad de Suárez.
La pena impuesta -dos años y tres meses de cárcel- al concejal coincide con la petición que realizaba la Fiscalía; mientras que la acusación particular y popular, ejercida por CSIF, se elevaba hasta los cuatro años y tres meses de cárcel. El sindicato denunciaba, además, que el fallecido subió obligado al tejado "para reparar goteras en uralita de fibrocemento, que ya de por sí es un trabajo especial y específico porque contiene productos cancerígenos y que necesita un permiso especial del Principado".