La indignante alternativa que han ofrecido a Ernesto, después de haber sido desahuciado este jueves en Gran Canaria: “Ya no se puede hacer nada”

3 de cada 4 desahucios en Gran Canaria afectan a gente asalariada. Es decir, a trabajadores. Te podría pasar a ti o me podría pasar a mí. Lo cierto es que estas personas afectadas no suelen llegar a cubrir todos los gastos del mes. Alquiler, comida y mantenimiento, a menudo, de su familia. El mercado, te lo venimos contando, está por las nubes.

Ayer desahuciaban en La Paterna a Ernesto. Su mujer tiene un 56% de discapacidad reconocida y, además, tiene a dos hijas menores a su cargo. Ernesto nos explica el motivo de su desahucio. No le llega el sueldo: “Me surgió un problema con el pago del alquiler y, pese a que lo intenté solucionar, la casera se pegaba en rotundo y, al final, nos demandó. Seguimos intentándolo con ayudas, pero siempre me daban las mismas cosas. Decían que, como estaba trabajando,  si no me pagaba era porque no quería seguir”.

Pagar 700 euros por un alquiler es imposible: “Con mi sueldo, yo no me puedo permitir, con un poco más del sueldo mínimo que estoy ganando, pagar 700 euros por un piso de alquiler. Hemos estado buscando incluso fuera de la capital, en Telde, incluso más lejos, pero están imposibles Con lo que gano, si alquilo a esos precios, tendría que decidir entre comer o pagar”.

SIN INFORME DE VULNERABILIDAD

La familia de Ernesto buscó, a la desesperada, una solución. Ahora viven en casa de su suegro, pero apuró sus opciones de resolver el problema: “Nos dijeron que había alternativas habitacionales en Ingenio, pero que necesitaban un informe de vulnerabilidad. Entonces yo lo solicitaba en el ayuntamiento, y en el ayuntamiento me decía que el informe solamente lo podía solicitar la jueza en el juicio. Me estuvieron mareando con la burocracia pese a que cumplía con los requisitos”.

LA ALTERNATIVA DEL AYUNTAMIENTO

Ahora, la única opción que tienen de encontrar un recurso es separando a la familia. Una opción que no contempla, de momento, Ernesto: “La alternativa que nos dio Servicios Sociales era mandarnos a mi mujer y a mí a un albergue y a mis dos hijas a un centro de menores”.