Policías sin seguridad jurídica frente a la okupación: podrían ir a la cárcel y ser expulsados del cuerpo

El caso de okupación de una vivienda en el barrio de El Toscal, en Santa Cruz de Tenerife, ha despertado la inquietud de vecinos y propietarios. Sobre todo cuando además de la usurpación del inmueble, también se han producido amenazas con arma blanca y robos por parte de estos okupas. Una situación de inseguridad que no solo provoca la impotencia de los residentes del barrio, sino también de los cuerpos de seguridad del Estado. 

Ibón Domínguez es portavoz del sindicato policial JUPOL y explicó esta mañana en HERRERA COPE CANARIAS cual es la situación de duda en la que viven: "El problema que estamos denunciando es que somos los policías nacionales los que tenemos que decidir cómo actuar, muchas veces sin los datos necesarios y por eso digo que estamos ante una inseguridad jurídica". Así, tal y como relata Domínguez, son los propios agentes los que tienen que decidir si se trata un allanamiento de morada o de una okupación. 

Cuando los vecinos hacen esa primera llamada a la policía, los agentes deben posicionarse dentro de ese limbo legal: "Si se trata de un allanamiento, no hay mayor problema. El propietario tiene que ser una persona física y ser primera o segunda residencia. Se les saca desde el primer momento". La duda está cuando esa irrupción en la vivida no está tan clara:  "Cuando el propietario es una persona jurídica, una asociación de vecinos, una empresa, cuando se queda el inquilino sin pagar el alquiler, que es lo que se conoce como inquiocupa, o cuando las personas que residen también en alquiler se declaran como familias vulnerables". Es en estos casos cuando se produce la pesadilla burocrática. 

riesgo de ir a la cárcel

Si la Policía Nacional tratase un caso de okupación como un allanamiento, los agentes podrían acarrear delitos graves por detención ilegal, que podría suponer años de cárcel y la expulsión del cuerpo. Por ello, muchos no se arriesgan y dejan que actúe la justicia: "Ante esta situación de absoluta anomalía legal, por llamarle de alguna forma, nosotros estamos reclamando esa seguridad jurídica para que estos casos no se den en un Estado de derecho".