La Guardia Civil desarticula un desguace que introducía vehículos desde Reino Unido sin autorizar
La Guardia Civil subraya que los vehículos destinados a desguace procedentes del Reino Unido deben contar con las autorizaciones pertinentes de las autoridades medioambientales
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La Guardia Civil desarticula un desguace que introducía vehículos desde Reino Unido sin autorizar
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La Guardia Civil, en colaboración con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), ha llevado a cabo la denominada operación 'Dashboard', que ha resultado en la detención de siete personas y la investigación de otras cinco por la introducción ilegal de vehículos del Reino Unido a España. Estos vehículos eran trasladados a un desguace en Villagarcía de Arousa (Pontevedra) que operaba sin los permisos necesarios.
La operación se inició tras la detección, por parte de la Guardia Civil de Cantabria, de camiones con vehículos procedentes del Reino Unido en el Puerto de Santander, cuyo destino final era un desguace en Villagarcía de Arousa. Además, se observó que estos desembarcos también se realizaban en otros puertos de España y en el Euro-Túnel de Calais (Francia).
Según ha informado la Guardia Civil de Cantabria en un comunicado, durante la operación se llevaron a cabo seis registros en domicilios, desguaces y una nave. En estos lugares se encontró numerosa documentación relacionada con la actividad ilícita, que actualmente está siendo analizada.
Las investigaciones realizadas junto con la Unidad de Tráficos Ilícitos, Salud y Medioambiente de la OLAF han revelado que, desde el inicio del Brexit, se introdujeron en España un total de 424 vehículos con destino al mencionado desguace, acumulando más de 600.000 kilos de chatarra.
En el transcurso de cinco años, se comprobó que el desguace recibió más de 5.000 vehículos de origen tanto nacional como extranjero. Sin embargo, el desguace realizaba una recuperación mínima de los fluidos de los aires acondicionados, considerados residuos peligrosos que deben ser gestionados por un gestor autorizado.
Agentes del SEPRONA inspeccionaron el desguace y constataron la presencia de vehículos con certificado de destrucción y descontaminación, que no habían sido completamente descontaminados. Estos vehículos aún contenían residuos como aceites, líquidos de frenos y fluidos de aire acondicionado, entre otros.
La volatilización de estos fluidos (tetrafluoroetanos) en contacto con el aire tiene una permanencia en la atmósfera de 14 años, contribuyendo significativamente al calentamiento global. Además, representan un riesgo para el equilibrio de los ecosistemas naturales y, consecuentemente, para la salud humana.
En el marco de la operación también se descubrió una nave agrícola con más de 4.000 neumáticos usados, cuyo origen se sospecha es del desguace investigado. El propietario de esta nave no contaba con autorización para almacenar y vender neumáticos, y debido a su ubicación en un entorno forestal, el almacenamiento masivo de neumáticos representaba un grave riesgo.
La fase de explotación de la operación, desarrollada la semana pasada en las provincias de Pontevedra y León, concluyó con siete detenciones y cinco investigaciones. A los implicados se les imputan delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, falsificación de certificados de destrucción y descontaminación de vehículos, blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública y pertenencia a grupo criminal.
La Guardia Civil subraya que los vehículos destinados a desguace procedentes del Reino Unido deben contar con las autorizaciones pertinentes de las autoridades medioambientales españolas para efectuar los traslados transfronterizos de residuos. En este caso, dichos permisos no fueron obtenidos.
La investigación está siendo dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Villagarcía de Arousa, con el respaldo de la Fiscalía de Medio Ambiente de Pontevedra. Durante la operación se contó con el apoyo de efectivos de la Guardia Civil de las Comandancias de Pontevedra y León.
La operación 'Dashboard' pone de manifiesto la necesidad de una vigilancia rigurosa y coordinada a nivel europeo para combatir el tráfico ilegal de residuos y proteger el medio ambiente, así como la salud pública. La colaboración entre diferentes organismos y cuerpos de seguridad ha sido fundamental para desarticular esta red y asegurar que los responsables enfrenten las consecuencias legales de sus acciones.