Artículo de opinión del presidente GarcíaPage con motivo del Día Internacional del Juego Responsable

Promover el juego responsable en la región y reforzar las políticas destinadas a la sensibilización y concienciación sobre las consecuencias de una práctica inadecuada de esta actividad, son dos de las principales premisas de las que parte la nueva Ley de Régimen Administrativo y Fiscal del Juego en Castilla–La Mancha, que sustituye a la anterior norma de 2013 y que sitúa a esta Comunidad Autónoma a la vanguardia de España en la materia.

Por ello, y con motivo de la conmemoración, hoy, del Día Internacional del Juego Responsable, es importante recalcar que nuestra región dispone, desde el pasado 30 de enero, de una Ley que pone el énfasis en la prevención, el fomento del juego responsable, la inspección y control y la compatibilización de la protección de los más vulnerables con el desarrollo de esta actividad económica.

Todo ello sin olvidar los riesgos asociados a esta práctica, que tienen su máximo exponente en la ludopatía, y haciendo especial hincapié en los menores de edad, a los que, como administración pública, debemos prestar una mayor atención.

La norma, que recoge medidas claras y contundentes en este sentido, incluye importantes novedades, como la prohibición general de la publicidad en el sector y el desarrollo de los criterios de medición de las distancias mínimas entre locales y centros educativos, y fija las condiciones que deben cumplir los sistemas de control de acceso automatizado, mediante el registro biométrico de cara o huella.

También establece una regulación más detallada del registro de autoprohibidos, además de que potencia las políticas de juego responsable, regulando la composición y el funcionamiento del Observatorio del Juego Responsable, que estará formado por representantes de los órganos de la Administración de la Junta con competencias en la materia y que podrá contar con la participación de personas con experiencia técnica reconocida, representantes empresariales, sociales y de otras administraciones.

Un órgano cuyo fin principal es proponer todas aquellas políticas públicas encaminadas hacia la prevención y buenas prácticas del juego y que tendrá entre sus funciones la promoción y elaboración de estudios que analicen el impacto de esta práctica en la sociedad, el fomento de actuaciones dirigidas a la sensibilización o la realización de campañas preventivas y educativas.

En definitiva, hemos diseñado un marco legal más exigente en el ámbito de la publicidad, más riguroso en el apartado sancionador, más protector con los sectores de población más sensibles y que responde a las preocupaciones de la ciudadanía sobre las repercusiones sociales de esta práctica y sus riesgos para la salud, al tratar de corregir los impactos negativos que esta actividad genera. Porque es interés de todos ofrecer a la ciudadanía un entorno seguro, garante y responsable.

Emiliano García–Page

Presidente de Castilla–La Mancha

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