El Gobierno de Castilla-La Mancha destina 2,8 millones para incorporar a 42 profesionales que desarrollarán un proyecto piloto de inclusión social

Con estas contrataciones se reforzarán tanto a los equipos de Servicios Sociales de Atención Primaria, como al personal de las delegaciones provinciales y los servicios centrales de la Consejería de Bienestar Social para coordinar, supervisar y hacer el seguimiento del proyecto.

Este proyecto se denomina ‘Construir para volver a ser’ y está dirigido prioritariamente a personas que perciben el Ingreso Mínimo Vital y personas que se encuentran en diagnóstico de riesgo de exclusión por los Servicios Sociales, fundamentalmente mujeres con hijos e hijas.

Toledo, 20 de abril de 2022.– El Consejo de Gobierno autorizó ayer un programa temporal de empleo por 2,8 millones de euros gracias al cual se nombrarán a 42 personas funcionarias interinas para el desarrollo de un proyecto piloto, por parte de la Consejería de Bienestar Social, para la inclusión social de personas en situación de vulnerabilidad, riesgo o exclusión social.

De ello ha informado la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, que ha explicado que este proyecto, conveniado con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se denomina ‘Construir para volver a ser’ y está dirigido a personas que perciben el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y personas que se encuentran en diagnóstico de exclusión por los Servicios Sociales, fundamentalmente mujeres con hijos e hijas.

El programa se va a llevar a cabo en 15 zonas de la región, tres en cada provincia, en las que se verán representadas todas las zonas que componen la región (rurales urbanas y periurbanas) con la participación de 2.000 personas.

Tal como ha explicado la consejera, la evaluación el impacto del proyecto se realizará asignando de forma aleatoria a las personas participantes en dos grupos: 1.000 personas participarán en un ‘grupo de tratamiento’ y se les realizará un itinerario personalizado de inclusión social que estará relacionado con cuestiones como la formación, la rehabilitación de conductas, la educación, o el empleo; y otras 1.000 estarán en un ‘grupo de control’, es decir, personas con las que se viene trabajando de la manera habitual para ver las diferencias entre uno y otro modelo.

El objetivo es conocer qué ocurre, ya que, tal como ha indicado Blanca Fernández, “la pobreza no se erradica solamente con prestaciones económicas, ni siquiera con empleo, que es aún mucho mejor que una prestación económica. La pobreza y la exclusión social también hay que trabajarlas desde el punto de vista emocional, social y cultural”.

En definitiva, con este proyecto se da un paso más en la política social, yendo más allá de la prestación económica y planteando itinerarios concretos. “Por resumir, se trata de un proyecto piloto que busca erradicar esa frase que, siendo manida, no deja de ser cierta, de que la pobreza se hereda, y no solo en términos económicos. Es ahí donde vamos a incidir en los próximos meses y años y, sinceramente, creo que puede ser un proyecto muy interesante que dé un salto cualitativo en la forma de afrontar la pobreza en Castilla–La Mancha”, en palabras de la consejera.

El proyecto se incardina en el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia que contempla la implantación de un nuevo modelo de inclusión, a partir del Ingreso Mínimo Vital, que reduzca la desigualdad de la renta y las tasas de pobreza extrema y moderada.

En el marco de este Plan, Castilla–La Mancha ha sido priorizada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para desarrollar este proyecto piloto de Itinerario de Inclusión Social con 8,9 millones. Con este importe se financiarán las 42 contrataciones aprobadas ayer con las que se reforzarán tanto a los equipos de Servicios Sociales de Atención Primaria, como al personal de las delegaciones provinciales y los servicios centrales de la Consejería de Bienestar Social para coordinar, supervisar y hacer el seguimiento del proyecto.

También se financiará un segundo bloque de contrataciones de 15 orientadores y orientadoras laborales para las oficinas ‘Emplea’, por importe de 1,2 millones, a las que dará el visto bueno el Consejo de Gobierno en las próximas semanas. De la misma manera se costearán los gastos de formación de las y los profesionales que se contraten en el desarrollo de esta experiencia piloto, así como sus gastos de desplazamientos a los municipios en los que intervengan.

Por último, se financiará la formación de las personas beneficiarias, sus gastos de desplazamiento, porque se trata de intervenir en la cercanía, y los costes que tengan cuando necesiten algún apoyo para cuidados de hijos, hijas o de familiares dependientes ya que el objetivo es que no tengan ningún obstáculo a la hora de desarrollar su itinerario.

Más políticas para las personas que más lo necesitan

Tal como ha explicado Blanca Fernández, la intención del Ejecutivo autonómico es sumar este proyecto como un elemento más para trabajar con las personas en situación de vulnerabilidad, como ya se viene haciendo con programas de Inclusión Social y con los Equipos Técnicos de Inclusión (ETI), que superan los 70 en la Comunidad Autónoma.

También desde el Gobierno regional se trabaja por la inclusión social a través de convocatorias como la que subvenciona proyectos específicos en esta materia a entidades del Tercer Sector, y que este año 2022 está dotada con 5,3 millones de euros; también dentro de la convocatoria de subvenciones con cargo al IRPF, la línea 1 (voluntariado e inclusión) es la que mayor financiación recibe, con 4,5 millones de euros.

Además, y para finalizar, la consejera portavoz ha recordado que desde 2017 el Ejecutivo de Emiliano García–Page viene desarrollando la Estrategia contra la Pobreza y la Desigualdad Social que ha obtenido muy buenos resultados, habiendo conseguido reducir la pobreza material severa en la región del 7,6 al 3,1 por ciento.

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