El Gobierno regional se congratula de los cambios legislativos presentados a nivel nacional "para que sea más eficaz luchar contra la ocupación ilegal"

La consejera de Igualdad y portavoz regional, Blanca Fernández, ha insistido en que “la presión ejercida por Emiliano García–Page en primera persona ha servido para que el Gobierno de España haga reformas” en el ámbito de la ocupación ilegal de viviendas.

Blanca Fernández ha hecho hincapié en el derecho que propietarios y propietarias tienen a conservar su vivienda, por lo que con las enmiendas presentadas en el Congreso de los Diputados “se establece un tiempo máximo de 48 horas para que el juez establezca medidas cautelares de desalojo y se habilita a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a que realicen atestados sobre una situación de ocupación que puedan servir para abrir una denuncia”.

Toledo, 28 de septiembre de 2022–. El Gobierno de Castilla–La Mancha ha expresado hoy su satisfacción ante la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso al proyecto de ley orgánica de eficiencia organizativa del servicio público de Justicia con el fin de que se pueda desalojar a los ocupas de viviendas en 48 horas.

De este modo, la consejera de Igualdad y portavoz regional, Blanca Fernández, ha recalcado que estas enmiendas pretenden terminar con los problemas que las personas afectadas por la ocupación se encuentran “para que sea eficaz recurrir al juzgado”.

En este sentido, Blanca Fernández ha recordado que esta petición se enmarca “en una reivindicación que ha liderado el presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, haciendo consciente al Gobierno de España de una realidad que es difícil en algunos lugares de la región y en el resto de España”. Durante la rueda de prensa ofrecida hoy en Toledo, ha insistido en que “la presión ejercida por Emiliano García–Page en primera persona ha servido para que en el Gobierno de España se hagan reformas que son necesarias acometer para ser eficaces en la lucha contra la ocupación ilegal”.

La portavoz del Ejecutivo autonómico ha querido reconocer el derecho que propietarios y propietarias tienen a conservar su vivienda y ha informado que, con estas enmiendas “se establece un tiempo máximo de 48 horas para que el juez establezca medidas cautelares de desalojo y se habilita a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a que realicen atestados sobre una situación de ocupación que puedan servir para abrir una denuncia”.

Por último, Blanca Fernández ha reconocido que García–Page “llevaba mucho tiempo negociando esta medida”, a la vez que ha hecho hincapié en que este cambio se produce ahora gracias a la ley aprobada en la región el pasado año para luchar contra la ocupación “y que remitimos al Gobierno de España”.

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