Uno de cada cuatro niños abulenses estudian en los centros de educación católica

Las 10 escuelas católicas de la provincia de Ávila mantienen estable el número de alumnos en este curso 2022/2023

5.600 alumnos y 556 profesionales, cifras similares a las del año pasado.

El 24% de las familias escogen los centros concertados de educación católica en los 10 centros abulenses, 5 en Ávila y 5 en la provincia.

Son algunos de los números que esta mañana ha desgranado Pablo Martín, delegado de Escuelas Católicas en Ávila. (ESCUCHAR AUDIO)

Leandro Roldan, el secretario de Escuelas Católicas de Castilla y León, ha explicado que es un año “ilusionante” por el fin de los protocolos COVID y por la gratuidad de los niños de infantil en 2 a 3 años.

El problema, que los centros han tenido muy poco tiempo para adaptarse a la nueva ley de educación, la LOMLOE o también conocida como “Ley Celaá”.

Desde Escuelas Católicas de Castilla y León han pedido consenso a todos los partidos políticos para aprobar una ley de educación definitiva y consensuada.

Otro de los grandes problemas que los centros esperan para este verano es el importante incremento de los precios de la luz y la calefacción.

El comienzo del curso 2022-2023 en los centros de Escuelas Católicas de Ávila ha sido tranquilo después de tres cursos anteriores marcados por restricciones sanitarias. Los diez centros de la provincia de Ávila arrancan con 5.607 alumnos y 556 profesionales en sus aulas. La cifra de alumnos ha crecido un 0,5% y en global estos centros de educación concertada cuentan con el 24% de representatividad de alumnado en la provincia.

“Elegir un colegio de Escuelas Católicas o cualquier centro concertado permite a la sociedad disfrutar de un sistema educativo con libertad, con pluralidad, con equidad y con calidad. Por eso agradecemos a las familias la confianza que depositan en nosotros”, dijo Pablo Martín, delegado provincial de Escuelas Católicas en Ávila, en la rueda de prensa celebrada en el Colegio Milagrosa-Las Nieves.

“Nuestros centros siguen caminando centrados en una misión común ya que creemos en una educación que ofrece un proyecto común avalado por su experiencia, calidad, estabilidad, innovación y compromiso. Una educación que apuesta por una formación en valores, la atención personalizada, una gran estabilidad y calidad del profesorado y un buen clima social, aspectos que ayudan a desarrollar las capacidades de cada alumno y que las familias saben reconocer en nuestros centros”, añadió el delegado.

“Creemos que será un curso marcado por una cierta incertidumbre provocada por factores externos como la precipitada puesta en marcha de la LOMLOE o la situación de crisis económica y la inflación”, dijo el secretario autonómico de Escuelas Católicas Castilla y León, Leandro Roldán Maza, también presente en la presentación. La patronal reúne en Castilla y León a 99.155 alumnos, 9.529 profesionales y 173 centros, y cuenta con una representatividad del 29% del alumnado en la educación de la comunidad. “Las familias vuelven a confiar en el proyecto común, de calidad, valores e innovador”, comentó.

“El curso 2022-2023 estará marcado por el fin de las restricciones sanitarias, pero también por la alta inflación o el descenso de la natalidad en Castilla y León y la apresurada implantación de la nueva ley de educación, con una urgencia innecesaria que perjudicará a la calidad de enseñanza. Ha provocado trabajo extra, ha generado inquietud por el gran cambio del enfoque educativo, también retrasos en el desarrollo curricular en Castilla y León, no publicados hasta ahora y con la consiguiente falta de

tiempo para realizar programaciones adaptadas o disponer de materiales actualizados, o incluso dudas en cuanto a la promoción, titulación o la nueva selectividad.

“Será un curso incierto en lo académico y no son las condiciones óptimas para implantar una reforma educativa”, añadió Leandro Roldán. “Deberíamos remar hacia un pacto educativo global porque si no esta ley está abocada a un nuevo cambio. La comunidad educativa no debería estar expuesta a los vaivenes normativos políticos”, explicó. “Por nuestra parte, trabajaremos porque nuestros departamentos jurídico y formativo puedan dar respuesta a las necesidades del profesorado y equipos directivos en este periodo”, subrayó.

Además, los centros concertados tendrán que lidiar con los efectos de la subida del precio de la energía y de una inflación por encima del 10% que repercutirá en la situación económica de los colegios y también de las familias, con un aumento de costes de los diferentes servicios escolares (comedor, transporte, material escolar, actividades complementarias o extraescolares).

“Un sobrecoste que sufrirán familias y centros y más teniendo en cuenta que el módulo de conciertos solo ha subido un 2%, insuficiente para contrarrestar esta inflación. Será un curso más preocupante si cabe, y ya venimos de varios cursos anteriores muy duros. Por eso se hace más necesario que nunca el aumento de la partida de Otros Gastos (que se destina al pago del personal no docente, al equipamiento necesario para la labor educativa y al mantenimiento del centro: luz, calefacción, reparaciones ordinarias…), una partida que sigue siendo insuficiente en Castilla y León ya que los costes reales del funcionamiento de un centro educativo son ahora mucho más deficitarios”, remarcó el secretario autonómico de Escuelas Católicas Castilla y León.

La previsión sobre el número de alumnos total en las aulas de Escuelas Católicas es de un 0,5% más que el curso anterior. Un aumento causado por la puesta en marcha de la gratuidad para los escolares de 2-3 años. “Supone una gran apuesta y un esfuerzo económico por parte de la Junta de Castilla y León, que agradecemos, ya que beneficia a todas las familias de Castilla y León. Es un avance que influirá positivamente en la conciliación familiar y en la ampliación de la libertad de elección de centros puesto que las familias que eligen colegios de Escuelas Católicas podrán también beneficiarse de esta gratuidad, evitando agravios comparativos”.

“Solicitamos que pueda extenderse a todo el primer ciclo de Infantil, tal y como ya ha anunciado el presidente de la Junta, y convertirse en un futuro en una concertación plena que ayude a todas las familias de la comunidad, para que cualquiera pueda acudir al centro que desee”, comentó Leandro Roldán.

72 centros de Escuelas Católicas, 7 de Ávila, ofrecerán este nivel educativo adhiriéndose al programa de subvenciones ofrecido por la Junta de Castilla y León. En Castilla y León representan al 11% de todos los centros (653) que ofrecen este curso de forma gratuita, y

tendrán 1.441 alumnos en sus aulas (14% del total), repartidos en 95 unidades. En Ávila habrá 11 unidades con 113 alumnos (18% del total).

En cuanto a la Formación Profesional Escuelas Católicas Castilla y León tendrá este curso un ligero incremento de unidades. Sin embargo, en esta apuesta de las administraciones por la FP “nos gustaría tener más peso específico y mantener una oferta creciente de FP concertada, incluyendo FP Dual”, comentó Leandro Roldán. “Son muchos los títulos autorizados, muchos de ellos a nivel privado, que tienen demanda y que no están implantados en la red pública. Es necesario hacer un esfuerzo por aumentar la concertación de esos estudios y por convertirlos en modalidad Dual. En Ávila 4 de los 7 ciclos de nuestros centros tienen formación Dual. La educación concertada y su FP posee un gran valor, por su aportación al sistema educativo de Castilla y León, por su calidad formativa y por garantizar la libertad de elección y de enseñanza”.

“Un sistema educativo con libertad, con pluralidad, con equidad y con calidad es inviable sin la escuela concertada. Por eso confiamos que en Castilla y León se siga consolidando el apoyo de la Junta para garantizar la protección de un sistema educativo exitoso en su conjunto, que se sustenta y se complementa gracias a la calidad, equidad y equilibrio que ofrecen las dos redes, pública y concertada”, expuso el secretario autonómico de Escuelas Católicas. “La escuela concertada es efectivamente un servicio público que permite que los padres puedan elegir libremente el tipo de educación que quieren para sus hijos, por lo que es necesario que no existan agravios comparativos y que las familias que eligen educación concertada puedan acceder en igualdad de condiciones al sistema de becas, ya sea de comedor, de transporte o cualquier otro derecho”.