La demora de la justicia en Burgos provoca que empiece a haber señalamientos para 2025

El abogado Roberto Portilla señala que, además, los letrados de oficio no han tenido incrementos en sus retribuciones y les niegan el derecho a huelga

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El abogado Roberto Portilla repasa la problemática de la justicia en Burgos

Raúl González

Burgos - Publicado el - Actualizado

4 min lectura

Como si de una bola de nieve rodando se tratase, la justicia en Burgos comienza a tener una demora que cada vez se hace más grande. Reclamaciones en asuntos como despidos pueden sumar un retraso de hasta seis meses por el excesivo volumen de trabajo al que tienen que hacer frente. Por este motivo, la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia apremia un cuarto juzgado de lo Social.

El abogado Roberto Portilla, del despacho Portilla Arnáiz Abogados, señala en COPE Burgos "dos problemáticas" que se han ido acumulando consecutivamente en el tiempo. El primer caso fue la pandemia del COVID-19, que generó "un problema en el retardo", en el funcionamiento de la justicia. A ese retraso ocurrido de forma imprevista, hay que sumar un elemento que provocó otro parón, la huelga de los miembros que forman parte de la administración de justicia. Primero empezaron los letrados de administración de justicia y luego vinieron los cuerpos de gestión.

Para Portilla, estos últimos supone más del 95 por ciento de la plantilla de la administración de justicia, es decir, son "los que mueven desde dentro la maquinaria para que los papeles, la tramitación, las diligencias de ordenación, las providencias y los diferentes oficios lleguen a su destino". "Los jueces tienen la inestimable labor de administrar justicia a partir de la interpretación del derecho y los de transmitación de justicia apoyan en esa labor. Pero claro, esas dos patas de la mesa no podrían funcionar sin los cuerpos de gestión, que evidentemente son los que hacen que todo eso se ponga en una dinámica que llegue para que funcione", señala.

Esas reivindicaciones conllevaron un nuevo retraso. Parecía que se había solucionado con un acuerdo que se había suscrito con los letrados de administración de justicia con el anterior gobierno, pero faltaba "un elemento muy importante", según Portilla, que eran los cuerpos de gestión.

Llegaron las elecciones, se suspendió la huelga en la que estaban pendientes, pero no se ha solucionado el problema, "el problema sigue estando ahí" y asegura que no es descartable nuevas movilizaciones.

El abogado burgalés Roberto Portilla afirma que hay "más carga de trabajo". Apunta que "Burgos es una ciudad que evidentemente va creciendo, tenemos más de un 23 por ciento del PIB dirigido a la industria, eso genera el hecho de que va aglutinando un número muy importante de procedimientos judiciales y en los juzgados siguen estando los mismos. "Si a eso le sumas que han venido teniendo unos retardos por las circunstancias que estábamos hablando, ¿qué ocurre? Que al final empieza a haber señalamientos para el 2025".

El letrado tiene claro que el que pierde es la persona que está buscando ese anhelo de justicia. "La desvirtúa, porque evidentemente le están emplazando para unas fechas muy posteriores y que únicamente termina favoreciendo a aquel que no cumple la ley", dice Portilla.

La tarifa como abogados de oficio

Robero Portilla comenta que los abogados de oficio "siempre hemos sido el patito feo en el ejercicio de la profesión". Mucha gente no tiene medios económicos, pero tiene derecho, evidentemente, porque así lo establece el artículo 24 de la Constitución Española, a la tutela judicial efectiva.

Resalta que el turno de oficio es voluntario. "En esa labor que realizamos, la retribución que recibimos por ella es meramente simbólica, nada que ver con lo que sería el coste de un procedimiento en libre designación. Y obviamente ahora mismo estamos en las mismas. No ha habido ningún tipo de incremento, no ha habido ninguna actualización, se paga tarde y mal, no por parte de los colegios, sino por parte del Ministerio de los Colegios y encima ahora que queremos reivindicar nuestros derechos, nos dicen que nosotros no tenemos derecho a la huelga".

El motivo es que no se les cataloga en una situación de contrato laboral, ni de personal estatutario o funcionario. "Nos tenemos que someter a las posibles responsabilidades disciplinarias si no realizamos la labor en tiempo y forma. Esto lo único que puede conllevar al final es que lo que llevamos años realizando esta labor, que la hacemos de una manera altruista y de vocación para que la gente que menos tiene pueda tener acceso a ese tipo de profesionales con las mismas garantías que si lo pagara, a lo mejor terminamos valorando positivamente el darnos de baja de ese turno de oficio y ya veremos entonces a ver quién es la persona que gestiona esa defensa a esas personas sin medios", sentencia el letrado.

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