La Fiscalía pide procesar a otros 3 cargos del Govern por el 1-O y ampliar delitos

La Fiscalía ha pedido a la Audiencia de Barcelona que procese a otros tres cargos del Govern por los preparativos del 1-O y amplíe la imputación a una docena de los ya encausados para añadirles los delitos de prevaricación, malversación, desobediencia y revelación de secretos.

En un escrito, al que ha tenido acceso Efe, las fiscales Isabel Nevot y Teresa Duerto han pedido a la Audiencia que revoque el auto por el que la titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona procesó a una treintena de altos cargos del Govern de Carles Puigdemont y empresarios por su papel en la organización y la logística del referéndum del 1-O.

Las fiscales piden sumar a tres procesados a la lista de cargos a los que la juez dejó a un paso de juicio: la directora de la Autoridad Catalana de Protección de Datos, Maria Angels Barbarà, el exdirector general de Difusión de la Generalitat Ignasi Genovès y la directora de servicios de Departamento de Presidencia, Teresa Prohias, quienes declararon como investigados durante la instrucción de la causa aunque finalmente acabaron exculpados.

En el caso de Barbarà, el ministerio público considera que incurrió en un delito de desobediencia porque "omitió deliberadamente" su labor inspectora y sancionadora para impedir el uso indebido de datos personales para llevar a cabo el referéndum del 1-O, pese a haber recibido denuncias en ese sentido.

A Genovès, la Fiscalía pide procesarlo por los delitos de prevaricación, malversación y desobediencia a raíz de su papel en la tramitación de los expedientes relativos al diseño del anuncio sobre el registro de catalanes en el exterior y las contrataciones para que se publicaran en la prensa.

En el caso de Prohias, el ministerio público le atribuye los mismos delitos que Genovès por adjudicar el contrato menor para el diseño del anuncio sobre el registro de catalanes en el exterior, que según las acusaciones iba encaminado a promover que los residentes en el extranjero participaran en el 1-O.

El escrito de la Fiscalía solicita además a la Audiencia que procese también por prevaricación al exsecretario de Difusión y Atención Ciudadana del Departamento de Presidencia Antoni Molons, a Francesc Sutrias, director general de Patrimonio durante el 1-O, y al exresponsable del Diplocat Albert Royo, quienes ya están encausados por desobediencia, malversación y falsedad documental.

En el caso de Sutrias, por el expediente del contrato marco firmado por Unipost para el reparto de la documentación electoral, en el de Royo por la contratación de los observadores internacionales del 1-O a través del Diplocat y a Molons por la adjudicación de la cartelería del referéndum.

La Fiscalía solicita asimismo procesar por un delito de descubrimiento y revelación de secretos al exsecretario general de Trabajo Josep Ginesta y a un responsable del área tecnológica de esta consellería, por participar en el reclutamiento de voluntarios del 1-O y tener en su poder "datos personales reservados", según el ministerio público.

Otra de las peticiones de las fiscales es añadir el delito de desobediencia -por el que ya están procesados 17 altos cargos del Govern- a otros 13 investigados, entre ellos el exdirector de la delegación del Govern en la Unión Europea Amadeu Altafaj y los directores de las empresas T-Systems y Unipost, que supuestamente colaboraron con la organización del 1-O.

Para el ministerio público, esas personas deben ser procesadas por desobediencia, aunque el Tribunal Constitucional no les advirtiera personalmente de su obligación de impedir el 1-O, porque "no podían ignorar como autoridad pública, funcionario o adjudicatario de una contratación" la existencia de esos requerimientos para frenar el referéndum.