Los ex consellers de salud de la Generalitat irán a juicio por el retraso en vacunar contra la Covid a Policía Nacional y Guardia Civil

Los sindicatos Jucil y Jupol de la Guardia Civil y la Policía Nacional piden tres años de prisión y 15 de inhabilitación, además de 72.000 euros de multa para los exconsejeros de Salut Alba Vergés y Josep Maria Argimon, por el retraso en la vacunación contra la covid a  los agentes españoles en Catalunya. El juzgado de Barcelona que investiga el caso ha dejado la causa preparada para juicio contra Vergés, Argimon y tres ex altos cargos de Salut por los delitos de prevaricación y contra los derechos de los trabajadores, según ha avanzado 'El Nacional'.

Los otros investigados, a los que los sindicatos piden también prisión e inhabilitación, son Marc Ramentol, ex secretario general del Departament de Salut; Adrià Comella, ex director de Servicio Catalán de la Salud, y Francesc Xavier Rodríguez, director de servicios del Departament de Salut. La fiscalía, que también acusa a los excargos del Gobierno, debe presentar ahora su escrito de acusación, mientras que las defensas han recurrido la decisión judicial.

los investigados alegan "criterios técnicos"

En la instrucción, todos los investigados aseguraron en el juzgado que el paro de la vacunación de los cuerpos policiales españoles fue acordado por cuestiones “técnicas y colegiadas”, sin intencionalidad alguna. Y, por eso, las defensas sostienen que no cometieron ningún delito.

La investigación del caso de las vacunas se inició en el juzgado de instrucción 17 de Barcelona, cuyo magistrado elevó el caso al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) porque la exconsejera Alba Vergés seguía siendo aforada en el alto tribunal catalán, al ocupar el cargo de vicepresidenta primera del Parlament. Como no se encontraron indicios contra Vergés, y el caso regresó al juzgado. Sin embargo, Vergés volvió a ser investigada cuando Argimon --que durante la pandemia era el secretario de Salud Pública y después sucedió a Vergés como conseller de Salut-- aportó al juzgado unos mensajes de WhatsApp, que confirmaban que se le informaba de todo.

Por ello, pese a ser aforada, en enero de 2024, Vergés declaró como investigada en el juzgado y aseguró, que además de los problemas de suministro de vacunas contra el coronavirus, que comenzó a realizarse a finales del 2020, se decidió proteger primero a la población de mayor riesgo, y que al final, "fue un éxito colectivo".

unos whatsapps bajo sospecha

La investigación contra Vergés, pedida por la fiscalía y los sindicatos policiales, se reabrió después de unos whatsapps aportados por la defensa de la secretaria de Salud Pública, Carmen Cabezas, y el exconseller Argimon. Según estos mensajes, una miembro del gabinete de la consejera dijo a la entonces subdirectora general de Promoción de la Salud, Carmen Cabezas: "La consejera pide parar Guardia Civil y Policía Nacional"; "Carmen, hablado con HC y SC, no ven ni GC ni PN todas las edades, ven por franja de 60 a 65" y "Otra vez la consellera me pide parar Guardia Civil y Policía Nacional, no podemos argumentarlo, deberíamos pararlo".

En su auto, el magistrado instructor decía que la decisión del Departamento de Salud de frenar la vacunación de policías nacionales y guardias civiles en marzo de 2021 fue "arbitraria, ilegal, injusta y claramente discriminatoria" y tomada por los altos cargos de la Conselleria. La decisión puso "en grave riesgo la salud y la vida" de miles de funcionarios policiales.

Además, aunque durante una semana se paralizó la vacunación con AstraZeneca a los mayores de 60 años, el magistrado asegura que la decisión de vacunar a los grupos prioritarios dependía del Ministerio de Sanidad y no de la Generalitat.

A parte de los whatsapps citados, también aportaban uno que Cabezas envió el 23 de marzo a la jefa de gabinete de Vergés: "Yo creo que debemos hacerlos a todos, porque si no habrá un problema de desigualdad con otras CCAA y con otros cuerpos de seguridad y tendremos que ir más veces a los centros a vacunarlos".

Argimon y Cabezas aportaron otro correo electrónico enviado a Vergés, incluido en la causa cuando ya estaba en el TSJC, donde una responsable de la Delegación del gobierno español en Cataluña, pedía por qué el 24 de marzo de 2021 se había detenido la vacunación a los policías españoles destinados en Cataluña. Ni la reclamación ni la respuesta fueron compartidas con Cabezas y Argimon.