Archivada la querella por presunta prevaricación contra Marisol Casado

El juzgado de instrucción número 2 de Collado Villalba ha archivado la querella interpuesta en enero de 2011 por CCOO contra la alcaldesa de Alpedrete, Marisol Casado, por la contratación de dos personas, una de ellas un familiar suyo, por Decreto y sin el correspondiente concurso público.   La resolución judicial confirma que la regidora actuó con plena sujeción a la Ley y al Derecho y no hubo irregularidades.   Los hechos se remontan al verano de 2010 cuando el equipo de gobierno adjudicó dos vacantes en el Servicio Municipal de Obras a dos vecinos a pesar de la existencia de informes negativos de Secretaría e Intervención del Ayuntamiento por dudas acerca del procedimiento.   El sindicato consideró que se trataba de un claro caso de contratación "a dedo" y su representante en el Ayuntamiento, Montserrat Gomis, acudió a la vía penal para denunciarlo, incluso teniendo que reunir dinero para poder seguir adelante en los tribunales.   En el verano de 2012 Casado era llamada a declarar por un presunto delito de prevaricación. Su argumento de defensa: los dos empleados municipales fueron seleccionados con arreglo a los principios de igualdad, mérito y capacidad por el INEM, por lo que no existió intervención alguna del Ayuntamiento, que sólo se limitó a contratar a las personas propuestas por el Ministerio de Trabajo. Visto el caso, la jueza ha decidido archivarlo al no ser los hechos denunciados constitutivos de delito.   Como ya anunciara en su día y conocida la resolución judicial, Marisol Casado iniciará próximamente “acciones penales y civiles para exigir al sindicato y su representante en el Ayuntamiento responsabilidades por acusación falsa y calumnias”. “Han sido dos años de sufrimiento por una imputación injusta y he vivido un acoso permanente, con un desprestigio manifiesto. Durante todo este tiempo mi familia y yo hemos aguantado todo esto y me parece injusto que salga gratis”, añade la regidora.    La regidora ha insistido en que este caso fue una maniobra de la que buscaban “sacar tajada” sus rivales políticos, ya que saltó a la opinión pública a cuatro meses de las elecciones municipales.