El Boalo pagó autobuses con dinero público para acudir a la manifestación contra Díaz Ayuso

El Partido Popular estudia posibles acciones legales contra el Ayuntamiento de El Boalo-Cerceda-Mataelpino, encabezado por el socialista Javier de Los Nietos, por haber pagado con dinero público los autobuses que fletó para trasladar a los vecinos a la manifestación celebrada en Madrid contra la política sanitaria del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso el pasado 13 de noviembre.

El propio equipo de Gobierno reconoció el uso de esos fondos municipales en el Pleno en respuesta a una pregunta de los populares, justificando la decisión en que se hizo por petición de los ciudadanos y que la manifestación no era ideológica, sino en defensa de la Sanidad pública.

Pero al PP no le valen las explicaciones y lo califica de auténtico escándalo que podría tener repercusiones para el Ejecutivo en los tribunales: como poco, irregularidades administrativas aunque podría derivar en un posible delito de malversación.

"Para poder tomar estas acciones primero necesitamos una documentación que no nos ha sido facilitada, pero bueno, es la tónica habitual de este ayuntamiento", se queja Sergio Sánchez, portavoz popular y candidato a la alcaldía para 2023.

"Hemos solicitado por Registro la factura sobre el coste de los autobuses y un informe sobre la cantidad de mails a los que el equipo de Gobierno hace referencia que recibieron como aclamación popular para fletar los autobuses por parte del Ayuntamiento. Esa es la parte 'penal' que están estudiando nuestros servicios jurídicos. Por otro lado, hemos tenido conversaciones con Intervención municipal que nos ha reconocido que no tenía constancia de las facturas. Tras el revuelo lo ha investigado y sí, han llegado, pero no se siguieron los cauces administrativos correctos: cuando se superan los 500 euros hay que hacer una propuesta de gasto, se tiene que llevar a Intervención para que haga un informe. Automáticamente Intervención nos dice que ese informe irá con reparos", explica a COPE de la SIERRA Sánchez.

En cualquier caso, el PP teme que la pena no será tan grave para el Ejecutivo de El Boalo tras la controvertida reforma del Código Penal aprobada este jueves "por la puerta de atrás" en el Congreso de los Diputados, que rebaja el delito de malversación.

Al margen de que finalmente se produzca la imputación y de lo que decida un juez, consideran los populares que lo ocurrido es gravísimo. "Más allá de que haya o no malversación, no es ni ético ni moral que un ayuntamiento pague unos autobuses para ir a una manifestación política y con fines electoralistas por parte de PSOE y Podemos. Con el dinero público hay que tener mucho cuidado", añade Sergio Sánchez.

El PP ha aprovechado para denunciar los problemas que ha tenido a lo largo de toda la legislatura cuando solicita un expediente de gasto o cualquier informe al Ayuntamiento: hasta tres meses ha tardado en recibirlo.

Espera que en esta ocasión la documentación que ha pedido se le facilite con mayor celeridad.