La Comunidad de Madrid destina 17,3 millones a la gestión de dos centros de ejecución de medidas judiciales para menores y jóvenes infractores

La Comunidad de Madrid destinará 17,3 millones de euros a la gestión integral de dos centros de ejecución de medidas judiciales dependientes de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI). El Consejo de Gobierno ha dado hoy luz verde a la licitación del contrato correspondiente, que tendrá una duración de dos años, a partir de 2023, con posibilidad de una prórroga de hasta 24 meses.

El primero de los lotes corresponde a El Laurel, un complejo que puede albergar hasta 43 jóvenes o menores de ambos sexos y que está especializado en casos de violencia familiar ascendente o de pareja. También en programas específicos sobre paternidad responsable para varones que sean padres adolescentes.El segundo hace referencia a El Lavadero, recurso de la ARRMI que reserva, al menos, 15 de sus 50 plazas (hombres y mujeres) a intervenciones terapéuticas para la deshabituación de drogodependencias. También puede destinar algunas de ellas para el tratamiento de menores y jóvenes con medida judicial de internamiento por delito de maltrato familiar ascendente.Ambos recintos están preparados para llevar a cabo órdenes de internamiento ?firmes o cautelares– en régimen cerrado, semiabierto, abierto, terapéutico y de fin de semana.Esta inversión de la Comunidad de Madrid viene a sumarse a los 5,5 millones aprobados recientemente por el Ejecutivo autonómico para la prórroga del servicio de vigilancia y seguridad de la sede de la ARRMI y de media docena de sus centros y a 1,1 millón más, destinado a la gestión integral de un programa de reparaciones extrajudiciales y desarrollos educativos vinculado a la ejecución de medidas judiciales no privativas de libertad.Con un presupuesto para 2022 de 40 millones de euros, la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor presta este servicio público en la actualidad a más de 1.550 menores y jóvenes. Cinco de cada seis, el 84%, lo hacen a través de programas individuales sin privación de libertad.

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