Familias exigen justicia por las 74 muertes en Domus Vi Alcoy: 'Esto no puede repetirse'

Familiares de los 74 mayores fallecidos el primer mes de la pandemia de la Covid-19 en la residencia Domus Vi Alcoy buscan encontrar "respuestas" en el juicio que ha arrancado este lunes y que la depuración de responsabilidades "sirva para que la tragedia no se repita".

Se trata del primer juicio contra la entidad gestora de una residencia de mayores donde fallecieron residentes por la Covid-19, ha destacado hoy el presidente de la Asociación de Familiares Afectados en las Residencias Domus Vi de Alcoi y Cocentaina, José Luis García, antes de entrar al juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Alcoy para una vista oral por lo civil que se extenderá hasta el 11 de octubre.

En el proceso están personados 46 allegados de 18 de las 74 víctimas mortales del primer mes de la pendemia (murieron el 52 por ciento de los mayores internos), con una petición de indemnización de unos 2 millones de euros.

"Después de más de 4 años, nos toca escuchar porque queremos que durante estos días salgan a la luz las circunstancias para que se llegara a semejante tragedia", ha resumido García, quien espera que se abra "una vía de esperanza para las numerosas demandas de familiares que siguen esperando una actuación de la Justicia ante las miles de muertes ocurridas en residencias durante la pandemia".

Ha repetido que quieren "respuestas" y "que no se repita aquello, que se pudo evitar" tras cuatro años haciéndose preguntas frente a las que "no ha habido manera de conseguir" información salvo "llegando a la vía judicial".

Ha explicado que acordaron iniciar la vía civil y no penal porque los abogados les explicaron, tras reunirse con la fiscalía, que iba a ser "muy difícil" que se admitiese una demanda por la vía penal por las circunstancias en que habían concurrido los hechos: Una pandemia mundial.

De esta forma y para evitar un proceso penal mucho más largo, consideran que han acertado por la vía civil porque les consta que las demandas penales presentadas en España o bien no han sido admitidas o se han rechazado.

Ha aclarado que en la causa no están todas las familias de los fallecidos por distintas causas, principalmente porque algunas carecían de capacidad económica y otras no se sentían "con fuerzas" para entrar en un juicio "de este calibre".

"Se ha quedado mucha gente por el camino", ha señalado García, quien ha destacado que los familiares de los 18 fallecidos "no han tirado la toalla en ningún momento y han seguido luchando para llegar hasta el día de hoy".

Ha hecho hincapié en que el principal enemigo que han tenido en estos años ha sido "la falta de información" tanto de la gestora de la residencia Domus VI Alcoy como "sorprendentemente, porque eso ya no lo esperábamos, por el silencio de las administraciones competentes, es decir las consellerías (valencianas) de Políticas Inclusivas y de Sanidad".

"Entendíamos que como garantes de los derechos de los ciudadanos íbamos a tener otro tipo de respuesta pero desgraciadamente ha sido todo lo contrario", ha recalcado García, quien ha puesto como ejemplo que parte de la documentación pedida por sus abogados sólo se ha conseguido cuando lo exigió el juez.

Sobre la petición de indemnización de 2 millones de euros, ha recordado que la intención inicial era la vía penal con penas de cárcel, pero que al tener que ir por la civil ésta conlleva una compensación frente a unos daños que han sido "irreparables" y cuyas cifras han sido determinadas por los peritos en base a los informes clínicos.

La residencia nunca ha pedido perdón

García ha manifestado que la residencia nunca les ha pedido "ningún tipo de disculpa" y ha añadido que ellos están "convencidos de que lo hicieron bien", por lo cual ahora los familiares se enfrentan a unos días "dolorosos" volviendo a afrontar numerosos testimonios y el contenido de documentos que "no nos van a gustar y que van a doler" ya que "la pandemia por sí misma no explica esta tragedia".

"Han tenido que concurrir muchas circunstancias" para que en un mes fallecieran 74 personas, 56 de ellas en solamente 14 días, "una auténtica barbaridad" que evidencia que "se tienen que haber hecho muchas cosas mal", según García.

La hija de uno de los fallecidos, Silvia Peris, ha recordado que en esos días no les dejaban entrar y únicamente podían comunicarse por teléfono para saber si su familiar estaba enfermo. "Entonces empiezas a oír que hay un fallecido, que hay dos, que hay 16", ha explicado, ante lo cual cuando llamaban recibían "muchas mentiras", como que estaba bien cuando en realidad ya le inyectaban morfina, sin que les dejaran llevarles al hospital "ni verlos".

Peris ha considerado que su padre no fue atendido "como se debía" por numerosas circunstancias, entre ellas la falta de trabajadores, el trato, la sobremedicación y, en general, por una atención "caótica".

"Nosotros nos vamos a hacer mayores y nuestros hijos, a lo mejor, no nos pueden cuidar y tenemos que ir ahí", ha dicho en referencia a las residencias, "pero yo no quiero ir, yo no después de todo lo que he vivido