Cascada de denuncias contra Sanidad, ahora por las mascarillas defectuosas usadas por cientos de sanitarios

Suma y sigue de acciones judiciales contra la Consellería de Sanidad desde los colectivos sanitarios, ahora por el uso de mascarillas defectuosas.

El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) está promoviendo una denuncia conjunta en nombre de aquellos enfermeros que resulten afectados por la falta de entrega de equipos de protección o, "como en el despropósito más reciente", por la entrega de mascarillas defectuosas, según destaca en un comunicado.

Las mascarillas defectuosas fueron retiradas ya el pasado fin de semana después de haber sido utilizadas por al menos trescientos profesionales sanitarios en la Comunidad Valenciana desde principios de abril en cinco hospitales públicos: el Clínico y el Doctor Peset de València; y el General de Alicante, el de Orihuela y el de Sant Joan de Alicante también.

La consellera de Sanidad investiga los hechos y asegura que a esos profesionales sanitarios que las utilizaron se les están haciendo las llamadas pruebas PCR, las más fiables, para determinar si han podido sufrir contagios.

Sin embargo, el CECOVA considera que “la actuación de la Conselleria de Sanidad de entregar a los profesionales sanitarios material de protección sin comprobar su efectividad supone una temeridad que pone en peligro sus vidas y las de los pacientes y familiares, con las graves consecuencias de poder mermar todavía más las escasas plantillas y dificultar el control de la pandemia provocada por el COVID-19".

En un comunicado, considera que la Administración sanitaria "está demostrando una total falta de capacidad para gestionar esta crisis sanitaria y así lo viene demostrando desde antes de decretarse el estado de alarma por no haber sabido anticiparse a unos acontecimientos con respecto a los cuales tenía elementos objetivos para saber que podían provocar una crisis sanitaria".

España, a la cabeza del mundo en sanitarios contagiados

España se ha convertido en el país del mundo con más profesionales sanitarios contagiados, un total de 31.000, lo que representa el 15,5 % del total de algo más de 200.000 personas contagiadas en España, segçun recuerda el CECOVA, que contrasta esa cifra con la de países de nuestro entorno como Italia, donde se han contagiado 17.000 (el 10 %); y en Alemania 7.200 (el 5 %)".

Se trata, afirman desde el Colegio, de "una serie de despropósitos que se ha ido incrementando conforme han ido pasando los días, dejándonos situaciones como la de test inservibles, contratos de los que no se ofrece la transparencia de la que tanto alardean el Gobierno central y la Generalitat y partidas de mascarillas en mal estado en más de una ocasión, suponiendo esta última la retirada de 16.000 de ellas en la Comunidad Valenciana".

En los últimos días se suceden los colectivos de sanitarios que emprenden o advierten con emprender acciones judiciales contra la consellería. Así el Sindicato Médico de la Comunitat Valenciana (CESM-CV) ha anunciado que se querellará por injurias y calumnias contra la consellera de Sanidad, Ana Barceló, si no rectifica las manifestaciones en las que dijo que las afirmaciones de los sindicatos sobre la falta de material "no eran ciertas".

El sindicato ha enviado a la Conselleria una carta para un acto de conciliación previo a la posibilidad de una querellas por las manifestaciones de Barceló del pasado día 16 de abril.

Se refería la consellera a la denuncia judicial presentada por el sindicato CSIF contra los responsables de la Conselleria de Sanidad por incumplir su obligación legal de proteger a los trabajadores dotándoles de medios preventivos para hacer su trabajo contra la pandemia actual con las "mínimas condiciones de seguridad".

La denuncia fue presentada ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia “contra todas aquellas personas que por su condición de autoridades y responsables de Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat y de cualquier otra instancia pudieran resultar criminalmente responsables”.

El sindicato señala en el escrito ante el juzgado que la falta de protección al personal sanitario podría constituir, entre otros, delito de prevaricación por omisión.