El coste que puede suponer el haber modificado la "súpermanzana" de la Petxina

El Ministerio de Transportes ha remitido un requerimiento al Ayuntamiento de València en el que advierte de que la reciente modificación del espacio peatonal de la 'supermanzana' de La Petxina podría suponer una multa de hasta 3,6 millones de euros.

El Ministerio que dirige Óscar Puente recuerda que esta intervención recibió fondos destinados a la implantación de zonas de bajas emisiones (ZBE) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El documento recoge fotografías en las que se advierte la habilitación de nuevas zonas de aparcamiento en las calles Calixto III, Palleter y Padre Rico y se recuerda que el proyecto de pacificación del tráfico debía mantenerse al menos durante cinco años.

Por ello, reclama al Consistorio valenciano que justifique los cambios y advierte de que se expone a una multa, en el marco de la Ley General de Subvenciones, que puede conllevar, además de la devolución de los 1,2 millones de euros recibidos, una multa del doble de esa cantidad.

Al conocer esta noticia, el portavoz del gobierno municipal, Juan Carlos Caballero, ha calificado de "matonismo y persecución política" este requerimiento ministerial. Caballero ha indicado que el Gobierno central "sigue adeudando más de 100 millones de financiación a la ciudad de València, niega el agua de l’Albufera y al mismo tiempo se atreve a amenazar con multas el Ayuntamiento por arreglar las chapuzas de proyectos de la supermanzana de Petxina y el proyecto de Pérez Galdós”.

En este sentido, desde el PSPV, la concejala María Pérez ha exigido a María José Catalá que rectifique la reversión de la supermanzana de la Petxina inmediatamente para no condenar a València a tener que pagar más de 3,5 millones de euros.

En este mismo sentido, el concejal de Compromís, Giusseppe Grezzi ha señalado que ya se había advertido al actual equipo de gobierno que "esto iba a suceder, que incumplir los compromisos en materia de movilidad y desmontar los avances conseguidos durante el gobierno de Joan Ribó con el apoyo económico de la Unión Europea tendría consecuencias no solo para la salud de las personas, sino también económicas".