El Tribunal de Cuentas advierte de "debilidades de control interno" con la gestión de ingresos y facturas

El Tribunal de Cuentas ha advertido de que se mantienen las "debilidades de control interno" puestas de manifiesto en ejercicios precedentes en relación con la gestión de ingresos y registros de facturas en Extremadura, en especial en ambos casos las derivadas de la interconexión de los aplicativos de gestión y contables.

Además de la ausencia de elaboración de un inventario consolidado y la falta de realización de las actuaciones de supervisión continua, pese a regularse las mismas en el propio ejercicio 2019, según se expone en el informe anual de fiscalización de la comunidad autónoma de Extremadura, correspondiente al ejercicio 2019 y aprobado el pasado 27 de enero.

Así, dicho informe expone que la Cuenta General de Extremadura de 2019 se ha rendido en plazo, respetando las normas y principios que le son de aplicación, aunque, no obstante, como consecuencia de la declaración del estado de alarma, las cuentas anuales de la totalidad de consorcios y fundaciones integrantes del sector público autonómico, a excepción de las correspondientes a una fundación, fueron rendidas sin informe de auditoría y sin diligencia de aprobación.

Una vez formulados los correspondientes informes, fueron aportados junto con las cuentas aprobadas si bien, salvo en el caso de tres fundaciones, excediendo el plazo preceptivo. Asimismo, el Instituto de la Mujer de Extremadura no ha acreditado la aprobación de sus cuentas.

ANÁLISIS DE LAS CUENTAS ANUALES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL

Recuerda el Tribunal de Cuentas que, por acuerdo del Consejo de Gobierno de abril de 2017, se asumió el compromiso de adaptar el Plan General de Contabilidad Pública de Extremadura, al Plan Marco de Contabilidad Pública aprobado en 2010, en el plazo de seis meses desde el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos en marzo de 2017, sin que al finalizar el ejercicio fiscalizado se hubiera procedido a la mencionada adaptación.

No obstante, mediante decreto de 27 de diciembre, se aprueba la implantación del sistema de gestión económico-financiera en el ámbito del sector público autonómico con presupuesto limitativo, que sustituye al sistema contable en vigor y que constituye el paso previo para la efectividad de dicha adaptación contable, que tuvo lugar finalmente en 2020.

La ausencia de registro contable de la anulación y posterior reconocimiento de las deudas aplazadas y/o fraccionadas, determina la infravaloración de los derechos reconocidos por este concepto en el ejercicio, por un importe neto de 11,8 millones de euros.

Además, la utilización del sistema de contraído por recaudado en el registro de determinados conceptos relacionados con la gestión del patrimonio inmobiliario supuso la ausencia de imputación, en 2019, de derechos devengados y no vencidos por este concepto por un total de 2,7 millones de euros y la infravaloración de los deudores presupuestarios por estos conceptos en 43,3 millones de euros a 31 de diciembre de 2019.

BENEFICIOS FISCALES

En relación con los beneficios fiscales que figuran recogidos en la Ley de Presupuestos de Extremadura para el ejercicio 2019, 562,3 millones de euros, salvo requerimientos específicos, no se realiza un análisis de la ejecución real de los mismos ni de sus posibles desviaciones, ni se definen parámetros objetivos que permitan evaluar su eficacia en relación con las políticas sociales o económicas que sustentan su creación.

Por otra parte, formando parte de los 34,7 millones contabilizados como acreedores pendientes de imputar a presupuesto figuran 8 millones de euros correspondientes a deudas por tributos locales anteriores a 2012 pendientes de depurar, "sin que se haya certificado por los organismos autónomos de recaudación la adecuación de esta deuda".

A fin del ejercicio 2019 el remanente de tesorería obtenido por la Administración de la comunidad ascendió a un importe negativo de 163,3 millones de euros. Pese a no contar con un sistema de seguimiento de gastos con financiación afectada se han financiado modificaciones presupuestarias con remanente por 19 millones de euros.

Así, el Tribunal de Cuentas ha indicado que la consideración de las salvedades puestas de manifiesto en este informe, principalmente en relación con deudores no reconocidos, hubiera supuesto reducir el importe negativo del remanente en 47,3 millones de euros.

Tampoco se ha acreditado la existencia de un procedimiento que permita evaluar los posibles pasivos contingentes, habiéndose identificado responsabilidades que finalmente dieron lugar al reconocimiento de obligaciones por al menos 18,4 millones de euros que, al menos, requerirían una mención en la memoria.

CONTROL DE LA ACTIVIDAD DEL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

El Tribunal de Cuentas ha apuntado en su informe que la evolución de la ejecución presupuestaria de determinados organismos autónomos y entes públicos autonómicos denota un "exceso de financiación" que se viene produciendo tanto en el ejercicio fiscalizado como en los anteriores.

Asimismo, estas entidades a excepción del Servicio Extremeño de Salud no aplican los intereses generados por sus disponibilidades líquidas en su presupuesto de ingresos, sin que se haya acreditado la existencia de instrucciones en relación con el destino final de estos recursos.

Las pérdidas consolidadas del Grupo Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales, un 82 por ciento del total del sector en 2019, 24,9 millones de euros, se producen como resultado del registro contable como "aportaciones de socios" de las transferencias recibidas de la Junta de Extremadura, principal financiador de la entidad.

La demora acumulada en la ejecución de las ofertas de empleo, junto con los límites en las tasas de reposición en las ofertas ordinarias, motiva que a un año del cumplimiento del plazo límite para alcanzar el 8 por ciento, el índice de temporalidad de Extremadura se sitúe "muy por encima del mismo" (un 35 % el último trimestre de 2019).

Asimismo, se han llevado a cabo contrataciones temporales de personal sin la preceptiva autorización previa en diversas empresas, fundaciones y consorcios integrantes del sector autonómico, con una especial incidencia en contrataciones realizadas en 2019 por la Sociedad Gestión de Bienes de Extremadura, afectando a 176 contrataciones realizadas por esta última.

En 2019, los acreedores pendientes de aplicar a presupuestos del Servicio Extremeño de Salud aumentaron un 30%, hasta alcanzar los 186 millones de euros, lo que conlleva, a su vez, la obtención de un remanente de tesorería negativo de 172,3 millones de euros.

En materia de educación, no se ha acreditado la formulación de la cuenta agregada de ámbito autonómico, ni la formulación y aprobación de las cuentas consolidadas de ámbito provincial correspondientes al ejercicio económico 2019.

Por último, en el informe de fiscalización de 2019 se incorpora una serie de recomendaciones como la inclusión en la normativa autonómica de la obligatoriedad de realización, por parte de las distintas consejerías, de informes de adecuación de los programas de gasto a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

También la preparación y adjudicación por parte del SES de los contratos que sustentan las prestaciones con medios ajenos realizadas, que vienen realizándose en virtud de contratos prorrogados sistemáticamente por razones de interés público.

Así como la necesidad de instrumentación de un negocio jurídico que regule las condiciones de uso y explotación por parte de la empresa Gestión de Bienes de Extremadura, S.A. de los activos turísticos que constituyen su actividad principal, previa regularización jurídica del uso de los correspondientes activos por la referida sociedad.