Pensionistas de Extremadura obligados a reclamar su devolución del IRPF

Los mutualistas de Extremadura se quejan en Cáceres de la modificación del criterio y del procedimiento que estaba establecido en enero del año pasado tras las reuniones establecidas con los Ministerios de Hacienda y Seguridad Social y la Agencia Tributaria.

Sergio Cuenca es el presidente de la organización de pensionistas de Extremadura.

Y es que cientos de miles de personas se encuentran en esta situación. Por eso, Comisiones Obreras denuncia que miles de pensionistas se hayan visto obligados a reclamar una nueva devolución del IRPF.

El secretario de la federación de pensionistas de Extremadura, Víctor Jesús González, señala que es una diferenciación según la región. Por ejemplo, en Galicia sí lo han cobrado y en Extremadura no.

La Agencia Tributaria reconoció a comienzos de 2024, a partir de diferentes sentencias judiciales, el derecho de los pensionistas a minorar un porcentaje de su base imponible de IRPF, a partir de las cotizaciones realizadas a las antiguas mutualidades entre los años 1967 y 1978 (un 25% de la parte de pensión correspondiente) y las anteriores a 1967 (100%).

Además de tener en cuenta esta situación para las declaraciones anuales de 2023 y posteriores, para facilitar la posible devolución a los pensionistas afectados de los ejercicios anteriores no prescritos, la Agencia Tributaria facilitó en el mes de marzo de 2024, en su página web, un formulario donde solicitar la rectificación de las declaraciones de IRPF de los ejercicios 2019-2022. En dicho formulario se autorizaba a la Agencia Tributaria la realización de la rectificación de dichos ejercicios determinando el porcentaje de minoración y con ello el importe a devolver.

Al amparo de ese procedimiento establecido por la propia administración tributaria, cientos de miles de personas en esta situación, han presentado en el plazo correspondiente las reclamaciones sobre esos años 2019 a 2022.

Una parte de esas personas han visto reconocida su reclamación y han recibido las cantidades por las que, a la vista del criterio jurisprudencial y la aplicación del mismo por parte de la Administración Tributaria, no debían haber tributado en esos años. Otra parte han visto reconocido el derecho a esa devolución y están pendientes de recibirla. Finalmente, una parte relevante de las personas que han reclamado, aún aguardan respuesta de la Agencia Tributaria, si bien con la perspectiva clara de estimación y cobro.

Sin embargo, la citada Disposición Final Décimo Sexta, deja sin efecto las solicitudes de devolución que no hubieran sido resueltas antes del 22 de diciembre de 2024, inhabilitando también el formulario preestablecido (eliminándolo de la Web), y como consecuencia de ello elimina la posibilidad de reclamar y poder recibir las devoluciones de los 4 ejercicios en un solo pago.

Se establece un nuevo procedimiento, con interrupción del cómputo del plazo de prescripción, para que las personas afectadas, puedan volver a presentar su reclamación, por segunda vez, pero ahora año a año, entre 2025 y 2028, limitando cada reclamación a un año entre 2019 y 2022, para reclamar, de nuevo, lo tributado en exceso en cada ejercicio, con el siguiente calendario dentro de los plazos de presentación anual del IRPF:

CCOO valora de manera muy negativa esta modificación del criterio y del procedimiento que se determinó y puso en marcha en enero de 2024, tras múltiples reuniones y conversaciones mantenidas con el Ministerio de Hacienda, la Agencia Tributaria y el Ministerio de Seguridad Social durante el año 2023, que dio lugar al cruce de datos entre la Tesorería General de la Seguridad Social y la AEAT, para garantizar el acceso a la aplicación de esta medida, en igualdad de condiciones, al conjunto de personas afectadas, aunque sus empresas ya no existieran, lo que había supuesto una limitación muy relevante hasta ese momento.

Este cambio de criterio, sin información, consulta ni conversación alguna con las organizaciones sindicales, se incorporó vía enmienda promovida desde el Gobierno en la tramitación de la Ley 7/2024, contando con una mayoría suficiente de las Cortes para aprobarla y ha entrado en vigor para todas las solicitudes que no habían sido resueltas a fecha de 22 de diciembre de 2024.