Extremadura reclama un modelo de financiación transparente

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció que el Gobierno se reunirá con cada comunidad autónoma durante julio y septiembre para abordar la condonación de deuda, con el objetivo de mejorar las cuentas públicas de todas las regiones.

Por su parte, la consejera de Hacienda y Administración Pública de Extremadura, Elena Manzano, expresó su "decepción" y "enfado" tras asistir al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Manzano esperaba una propuesta clara de financiación autonómica por parte del Gobierno, algo que no se produjo. Señaló que, aunque se solicitó incluir este tema en el orden del día, el Ejecutivo no cumplió con su obligación de presentar un modelo.

Manzano enfatizó que Extremadura no asistió al CPFF para escuchar propuestas de otros territorios, como la de Cataluña, la cual considera inconstitucional y perjudicial para la hacienda estatal. La consejera reiteró que el Estado tiene la responsabilidad de proponer un modelo de financiación basado en los principios constitucionales, garantizando así la suficiencia financiera de Extremadura y la igualdad en el acceso a servicios esenciales.

La consejera extremeña criticó a Montero por no estar a la altura de las circunstancias, limitándose a señalar la dificultad de alcanzar acuerdos en lugar de presentar una propuesta concreta. Manzano destacó la necesidad de revisar el actual modelo de 2009 y rechazó la idea de negociaciones discretas, exigiendo transparencia en el proceso.

Además, Manzano solicitó la creación de grupos de trabajo para tratar la financiación autonómica y otros recursos importantes para Extremadura, como el Fondo de Compensación Interterritorial. En cuanto a la propuesta catalana, la consejera celebró que Montero no la apoye, aunque subrayó la necesidad de discutir todas las cuestiones en un foro multilateral y evitar reuniones bilaterales.

Finalmente, Manzano reafirmó el compromiso de Extremadura con los objetivos de estabilidad presupuestaria, aunque se abstuvo en la votación por considerar que aún existe un reparto desigual entre la hacienda estatal y las administraciones autonómicas.

Objetivos de déficit y nuevas condiciones fiscales

El Gobierno se compromete a reducir el déficit público del 3 % del PIB esperado este año al 2,5 % en 2025, con el mayor esfuerzo fiscal recayendo en el Estado. Las autonomías tendrán un déficit máximo del 0,1 % del PIB en 2025, una mejora respecto a la senda anterior que apuntaba a un superávit del 0,1 %.

Para el próximo año, las autonomías recibirán 147.412 millones de euros en concepto de entregas a cuenta del sistema de financiación, un 9,5 % más que en 2024, y un total de 158.167 millones incluyendo la liquidación de 2023. Las entidades locales recibirán 26.893 millones en 2025, un 13,1 % más que en 2024.