La Junta convoca una reunión urgente con el Tribunal Superior de Justicia por el asesinato de Belén

La trágica muerte de Belén, una trabajadora de un centro de menores en Badajoz, ha sacudido a la comunidad extremeña. La consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, ha comparecido hoy ante los medios para expresar las condolencias a la familia y aclarar la posición de la Junta ante lo sucedido.

"Desde que tuvimos conocimiento de los hechos, nos personamos en el lugar para interesarnos por lo que había ocurrido", ha afirmado la consejera, destacando que la Junta ha mantenido contacto directo con los trabajadores del centro.

En su intervención, García Espada reconoció que en los informes del Servicio de Adolescencia y Familia de la Sección de Menores Infractores de Badajoz constaban incidencias previas sobre los tres menores implicados. "Estas incidencias se pusieron en conocimiento de la justicia, tal y como indica el protocolo de actuación", aseguró.

La seguridad en estos centros ha quedado en entredicho tras las concentraciones de protesta llevadas a cabo en la comunidad autónoma, donde los trabajadores denunciaron la falta de recursos. La consejera, sin embargo, ha insistido en que el pliego actual, licitado en 2022, se estaba cumpliendo según lo revisado hasta ahora. "Eso no quiere decir que no estemos valorando un aumento del personal", matizó.

Otro punto clave en su comparecencia fue la gestión de los traslados de menores problemáticos. Según ha explicado, cualquier incidencia se comunica a la justicia y puede derivar en un cambio de recurso por decisión judicial. En este caso, los menores llevaban pocas semanas en la vivienda tutelada donde ocurrieron los hechos.

En respuesta a las críticas, la Junta de Extremadura ha convocado para mañana una reunión de urgencia con el Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía de Menores. "Vamos a poner sobre la mesa la necesidad de agilizar las medidas cautelares para evitar situaciones como esta", anunció la consejera.

Mientras tanto, la investigación judicial sigue su curso y el gobierno autonómico ha reiterado su compromiso de colaborar en todo lo necesario. La tragedia de Belén ha reabierto el debate sobre la seguridad en los centros de menores y la necesidad de reforzar los recursos en un sistema que hoy, para muchos trabajadores, es insostenible.