Educadoras sociales de Galicia piden atención: "Hay gente que va con miedo a trabajar"

Educadores sociales de Galicia alertan de su situación tras la muerte de una mujer de Badajoz a manos, presuntamente, de los menores que cuidaba en un piso tutelado. Han secundado concentraciones en varias ciudades de la comunidad este jueves. 

El objetivo es doble: apoyar a la familia de Belén, la educadora fallecida, pero también pedir atención a una labor que es responsabilidad pública. Allí hemos oído a Berta. Es educadora social y trabaja en un programa del ayuntamiento de A Coruña que apoya a familias con menores en riesgo.

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Noela Bao

Crónica de la concentración de educación social en A Coruña

En su día a día, detecta menores con “muchos indicadores de riesgo”. Lo más habitual es “absentismo escolar, inicios de consumo e incluso violencia intraparental”. Alerta que muchos de ellos se están criando sin referentes porque son “familias que trabajan muchas horas, los niños están solos y al final se crían solos” con “lo que aprenden en redes sociales, por ejemplo”.

Ir a trabajar con miedo

Su compañera es Tamara, que ha puesto el acento en la necesidad de más medios y recursos. Muchas de sus compañeras acuden a trabajar “con miedo”. Reconoce que lo de Badajoz es “un caso extremo” pero evidencia que “la realidad de desprotección y falta de seguridad de los profesionales en este ámbito es algo que llevamos poniendo sobre la mesa mucho, mucho tiempo”.

“Hay gente con miedo a ir a trabajar, con miedo a ser agredida, con miedo y amenazas fuera de casa cuando también tienes tu familia”, revela

Educar no debería costar la vida

 El lema de la concentración ha sido “Educar no debería costar la vida”. La externalización creciente de la atención a menores o el intrusismo son cuestiones que les preocupan y que revierten en una mayor precarización de su trabajo.

“Este momento debe servir para hacer un trabajo de reflexión y reparación necesaria en este sector. Queremos evidenciar la falta de medios técnicos y económicos, que hace que nuestro trabajo esté desprotegido y en consecuencia los derechos de los niños y niñas con los que trabajamos, que precisan de profesionales que acudan a realizar su trabajo a su seguridad”, leía en el manifiesto María, una estudiante de Educación Social. Su compañero Sergio continuaba, al afirmar que “la externalización constante de servicios que llevan a cabo medidas judiciales afecta gravemente a calidad de atención socioeducativa que requiere esta población”.

Desde el Ceesg, el Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia, han subrayado su compromiso con la protección de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad e instado a las autoridades “a tomar acciones concretar para garantizar un entorno laboral seguro y digno para las y los profesionales del sector”.