Enchufes, mordidas y un alto tren de vida: así es la operación contra un sindicato de limpieza en A Coruña

El Juzgado de instrucción número 6 de A Coruña ha decretado este viernes la libertad de las cuatro personas detenidas en un caso de delitos económicos relacionado con el Sindicato de Trabajadores de Limpieza. Como medida preventiva, les ha impuesto la obligación de comparecer en el juzgado cada 15 días.

Los cuatro arrestados, dos hombres y dos mujeres, están investigados por corrupción entre particulares, estafa y blanqueo de capitales. Hay más delitos, pero estos son los principales.

CUATRO ARRESTADOS

Entre los detenidos está el secretario del STL, Miguel Ángel Sánchez, además de Luis Varela, el presidente del comité de empresa de Prezero, la concesionaria de limpieza viaria en A Coruña. También fueron arrestadas la mujer de Sánchez, Cristina Martínez, directora de una firma vinculada al sindicato, además de Ximena Romero, responsable de un centro especial de empleo.

En la operación se han realizado cinco registros, entre ellos a la sede del STL y las viviendas de los sindicalistas. Los agentes comprobaron que llevaban un alto tren de vida y los acusa de formar parte de una red criminal vinculada a la contratación de personal en empresas adjudicatarias de servicios públicos en la ciudad de A Coruña.

SE APROVECHABA DE SU POSICIÓN

Una vez levantado el secreto del sumario, se han conocido los detalles de la investigación. Según ha comunicado la Policía Nacional en una nota de prensa, de las pesquisas se desprende que Sánchez, con la cooperación necesaria de personas cercanas a él,"se habría aprovechado de su posición como fuerza sindical en las empresas adjudicatarias de determinados servicios públicos en la ciudad de A Coruña, para lograr beneficios económicos personales e indebidos".

Así, cuentan como través de varias empresas administradas en la sombra por el sindicalista, tanto él como una cooperadora que actuaba como testaferro habrían estado percibiendo enormes beneficios. Solo en el año 2021 ascendieron a más de 250.000 €.

ENCHUFES Y MORDIDAS

La Policía detalla que las empresas adjudicatarias habrían cedido gran parte de la selección del personal contratado a los detenidos. Esta circunstancia la aprovecharon "tejer una red constituida por familiares, allegados, amigos y terceras personas".

Esta red exigiría "pagos mensuales a todas aquellas personas que quisiesen trabajar para las empresas adjudicatarias de los servicios" como "requisito obligatorio" para poder entrar a trabajar en ellas, a modo de “mordida”. Si no se accedía a dichos pagos, "nunca se podía entrar en la plantilla". Del mismo modo, si se dejaban de pagar, "los trabajadores eran despedidos bajo cualquier pretexto", como así se desprende de las pruebas testificales practicadas.

ALTO NIVEL DE VIDA

Gracias a estos ingresos, los detenidos "gozaban de un alto nivel de vida", con "automóviles y viviendas de gran valor económico". La policía indica que manejaban "gran cantidad de dinero en efectivo".

En la operación, se han bloqueado preventivamente varias propiedades inmobiliarias, entre las que se encuentran siete fincas urbanas y dos rústicas valoradas en más de medio millón de euros. También activos en cuentas bancarias "por un valor muy elevado".

En los cinco registros, fueron intervenidos 45.000 euros en efectivo, seis vehículos de alta gama, teléfonos móviles y material informático, así como dos armas detonadores con 90 cartuchos y una imitación de placa de la policía.