Acusan a una nieta de falsedad documental y estafa procesal por facturas presentadas en juicio por herencia de su abuelo

El juicio está fijado para este martes, 29 de abril, a las 9,45 horas, en la Sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña

Vista aérea de Ares

Redacción COPE Ferrol

Ferrol - Publicado el

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La Fiscalía del Área de Ferrol ha presentado un escrito de acusación contra una mujer en el Juzgado de Instrucción número 1 de Ferrol por presuntos delitos de falsedad en documento mercantil, presentación de documento falso en juicio y estafa procesal en grado de tentativa.

El juicio está fijado para este martes, 29 de abril, a las 9,45 horas en la Sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña.

Según el escrito del Ministerio Público, los hechos se remontan a un juicio ordinario en el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Ferrol.

Este procedimiento se originó por una reclamación de complemento de la legítima de la herencia de un hombre de Ares, que falleció el 28 de febrero de 2017, interpuesta por su hijo.

En su testamento el fallecido había nombrado heredera universal a su nieta, mayor de edad y sin antecedentes penales.

La Fiscalía sostiene que esta nieta, "sabiendo que faltaba a la verdad", presentó como prueba documental dos facturas de trabajos supuestamente realizados en un inmueble en disputa.

El objetivo, según la acusación, era aparentar que estos trabajos habían sido abonados por la encausada y así disminuir el importe de la legítima correspondiente a su padre.

La Fiscalía alega que la acusada elaboró estas facturas a nombre de otras dos personas, por importes de 12.000 y 9.916 euros respectivamente, "a sabiendas de que no se habían ejecutado dichos trabajos por los profesionales que constan como emisores".

Tras la fase de instrucción, la Fiscalía considera que estos hechos son constitutivos de un delito de falsedad en documento mercantil cometido por particular, en concurso de normas con un delito de presentación de documento falso en juicio y en concurso medial con un delito de estafa procesal en grado de tentativa.

Por todo ello, la Fiscalía solicita una pena de dos años y seis meses de prisión y una multa de 2.310 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.

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