Un abuelo niega en juicio haber abusado de su nieta menor de edad y discapacitada en Lugo

Un abuelo que este jueves se sentó en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Lugo por un delito de abuso sexual continuado a su nieta, menor de edad y con una discapacidad, negó los hechos que se le imputan en la vista oral, por los cuales el fiscal le pide cinco años de cárcel, y aseguró que "no tocó jamás" a la niña con ánimo libidinoso.

Los hechos por los que está siendo juzgado se habrían producido en el 2022 en la residencia del anciano, cuando la niña, que convivía de forma temporal con su abuelo, tenía 13 años de edad.

"Yo no toqué a mis nietas"

El acusado calificó los hechos que le imputan tanto la Fiscalía como la acusación particular como "un invento", provocado por "la manipulación" del padre de la niña, su propio hijo, de quien dijo que tiene problemas "con las drogas".

"La culpa", añadió, "la tiene mi hijo", porque "manipuló a la madre" -su exmujer- y a la niña.

"Pueden hacer con mi vida lo que quieran, pero yo no toqué a mis nietas jamás", dijo el acusado, quien aseguró que las "quiere muchísimo".

"Qué ánimo voy a tener yo con una niña discapacitada. ¡Por favor, no estoy loco!", afirmó el procesado, quien aseguró también que cuando la víctima era pequeña jugaba con ella "a la pelota" y le enseñaba "a cocinar" pero nunca se propasó con ella desde un punto de vista sexual.

Según la información facilitada por la propia Fiscalía, el acusado y la víctima, los hechos "tuvieron lugar en varias ocasiones en el domicilio" en el que ambos "convivían en determinados períodos temporales en Lugo", concretamente "hasta mediados de abril de 2022".

Cárcel, indeminización y formación

El Ministerio Fiscal pide para el acusado la prohibición de aproximarse a la menor a una distancia inferior a 500 metros, así como a su domicilio, centro de estudios, lugar de trabajo y otros lugares frecuentados por ella durante ocho años y de comunicarse con la víctima por cualquier medio durante el mismo tiempo.

También la obligación de someterse a un programa formativo de educación sexual y su inhabilitación para cualquier profesión u oficio que implique el contacto con menores de edad durante ocho años.

Además, reclama una indemnización para los representantes legales de la menor con 2.000 euros por los daños morales ocasionados.

La acusación particular eleva la petición de pena de cárcel a seis años y la indemnización a 5.000 euros, mientras que la defensa solicita la libre absolución.