Una madre acusada de prostituir a su hija en Lugo desde que tenía diez años lo niega y asegura que era ella la que vendía su cuerpo

Una madre que se sentó este martes en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Lugo, por prostituir supuestamente a su hija menor de edad y como cooperadora necesaria para la agresión sexual a la niña, negó los hechos que se le imputan en la vista oral, en la que aseguró que era ella quien vendía su cuerpo al otro acusado, un anciano que también negó haber “tocado” a la pequeña.

Los hechos que están siendo juzgados en la Audiencia Provincial de Lugo fueron denunciados en 2023 por la menor, cuando tenía quince años. La víctima denunció que supuestamente había sido agredida cuando tenía solo diez años por un octogenario, ya fallecido, y posteriormente por el acusado, con el presunto “beneplácito” de la madre.

En la vista oral, la madre aseguró que “nunca vio” que el octogenario fallecido tocase a su hija ni tampoco ningún comportamiento inapropiado con la niña, que estuvo en su casa porque la acompañaba a ella, que era quien le limpiaba el domicilio, dado que no tenía con quien “dejarla”.

En cuanto al otro procesado, el ministerio fiscal sostiene que quedaba con la madre y con la niña, las recogía en coche y luego mantenía relaciones sexuales con la menor en un descampado, por lo cual le pagaba una cantidad de dinero a la progenitora.

Sin embargo, el acusado, que solo respondió a las preguntas de su abogado en el juicio, aseguró que nunca tuvo “nada” con la niña.

De hecho, la madre confesó durante su declaración que era ella la que se prostituía con el otro acusado y que el anciano nunca tuvo "ningún contacto físico” con la niña, porque, aunque llegó a llevarla a sus encuentros, esperaba “fuera”.

la fiscalía pide 42 años de cárcel

El ministerio fiscal pide 14 años de reclusión para la mujer por el delito continuado de prostitución infantil y otros 14 como “cooperadora necesaria de uno de los delitos continuados de agresión sexual a una menor de dieciséis años en concurso medial con el delito continuado de prostitución infantil”.

Asimismo, pide para la mujer, una vez cumplida la pena privativa de libertad, la prohibición de acercarse a la víctima o comunicarse con ella por cualquier medio durante 20 años, otros tantos de libertad vigilada, 40 años de inhabilitación para ejercer cualquier profesión que implique el contacto con menores de edad y la suspensión de la patria potestad durante diez años.

Para el acusado, el fiscal solicita la pena de 14 años de prisión por “un delito continuado de agresión sexual a menor de dieciséis años en relación de concurso medial con el delito continuado de obtención de relaciones sexuales con menor de dieciséis años a cambio de remuneración”.

El ministerio público también pide que se le prohíba acercase a la víctima o comunicarse con ella por cualquier medio durante 9 años, una vez cumplida la pena de cárcel. También que se le imponga una medida de libertad vigilada durante 10 años cuando salga de la cárcel, la suspensión de la patria potestad durante 10 años y la inhabilitación para cualquier profesión u oficio que implique el contacto con menores durante 18 años.

Asimismo, pide que la procesada indemnice a la víctima con 120.000 euros y el acusado con 70.000 por los daños morales causados.

Por su parte, la acusación particular eleva a 15 años la pena de cárcel que pide para los acusados por cada uno de los delitos que les imputa el ministerio público.

El letrado Francisco Lago, que ejerció la acusación popular en nombre de la Fundación Amigos de Galicia, recordó que la principal prueba de cargo en el caso es el testimonio de la supuesta víctima de las agresiones sexuales. A su juicio, lo suficientemente concluyente para una condena de ambos procesados. 

Las defensas de ambos acusados, en cambio, niegan el relato de los hechos, y piden la libre absolución para los dos.