Un interino en Vigo quería su plaza fija como funcionario y termina con una indemnización de más de 30.000 euros

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) ha emitido una sentencia histórica que marca un antes y un después en el tratamiento de los derechos de los interinos que se ven obligados a cesar de sus puestos para presentarse a un proceso de oposición en la administración pública. Esta resolución se produce un mes después del fallo clave del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que ha influido en la reinterpretación de la jurisprudencia española y ha abierto una nueva puerta a la indemnización de estos trabajadores.

El caso involucra a un interino de la Universidad de Vigo que, tras 13 años desempeñando la misma función en la institución, se vio forzado a abandonar su puesto para presentarse a la oposición que le permitiría acceder a la plaza fija de funcionario. A pesar de haber ocupado el puesto durante más de una década, la Universidad de Vigo le obligó a cesar temporalmente en su puesto para poder optar a la plaza a través del proceso de selección correspondiente.

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Lo que parecía un paso hacia la estabilidad laboral se convirtió en una situación jurídica compleja. El interino demandó a la Universidad de Vigo por despido improcedente, alegando que su renuncia a la plaza no fue real, ya que no estaba dispuesto a dejar su puesto sin una compensación adecuada. La sentencia del TSXG, que data del 28 de junio de 2024, ha dado la razón al demandante y ha dictaminado que la renuncia no puede considerarse un despido legítimo, ya que el trabajador continuó realizando la misma función tras haber superado el proceso selectivo para acceder a la plaza fija.

Este fallo se enmarca en una serie de decisiones que se derivan del pronunciamiento del TJUE sobre la contratación de interinos en la administración pública española. En su sentencia, el TJUE sentó las bases para que los tribunales españoles reconsideraran la naturaleza del despido de los interinos, enfatizando que solo puede considerarse despido cuando existen motivos disciplinarios. En el caso del interino de Vigo, el tribunal gallego no considera que se haya producido un despido, pero sí un abuso en la contratación, ya que la plaza que el trabajador ocupaba no se convocó para su cobertura definitiva durante un largo período de 13 años.

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Una indemnización de más de 30.000 euros

El TSXG destacó que, aunque el proceso selectivo fue finalmente convocado, la duración excesiva del contrato temporal, sin justificación, constituía un fraude en la contratación pública. En este sentido, el tribunal no dudó en señalar que este abuso de la contratación interina durante más de una década merecía una compensación económica. 

Aunque el tribunal no consideró que correspondiera una indemnización por despido improcedente, sí reconoció el daño causado al trabajador y dictaminó una indemnización de 31.566,45 euros como reparación por los perjuicios sufridos.

Este fallo es significativo porque establece un precedente importante para otros casos similares. El tribunal gallego abrió la puerta a que, en futuras situaciones, se pueda conceder una indemnización mayor a la mínima establecida por la normativa española, en línea con la jurisprudencia del TJUE. En su sentencia, el TSXG señaló que, en situaciones de abuso continuado, los tribunales podrían conceder una indemnización de hasta 33 días de salario por cada año de servicio, con un límite de 24 mensualidades.

Este caso subraya la creciente presión sobre las administraciones públicas españolas para regularizar la situación de los interinos que llevan años desempeñando funciones de manera temporal, en algunos casos durante periodos que exceden lo razonable. El fallo también pone de manifiesto la necesidad de adaptar la legislación española a las directrices europeas, que buscan garantizar la estabilidad y los derechos laborales de los trabajadores del sector público.