Un cambio de ubicación supondría no poder contar con un nuevo Centro de Salud en Alaior en muchos años

José Luis Benejam, alcalde de Alaior, recibe a Román Julià, director insular de IB Salut, en el ayuntamiento alaiorense.

Un eventual cambio de ubicación supondría no poder contar con un nuevo Centro de Salud en Alaior en muchos años, ya que se paralizaría el

proceso en marcha.

Esta es la conclusión a la que han llegado en el Ayuntamiento de Alaior, tras la reunión mantenida con el máximo responsable de IB Salut en la isla, Román Julià. Los terrenos municipales comprometidos por el ayuntamiento cuentan con el visto bueno de IB Salut y la buena consideración por parte de sus técnicos.

Desde el Área de Salud se han acometido diferentes trámites englobados en el proyecto ya en curso. Si ahora se planteara una diferente ubicación a la prevista, ello llevaría implícito la paralización del proceso, teniendo que empezar el mismo de nuevo en cuanto hubiera un solar apto y en manos del consistorio.

El antiguo edificio de La Salle no es propiedad municipal, tendría que ser adquirido por la corporación alaiorense. En caso de no haber acuerdo de compra-venta, se debería iniciar un proceso de expropiación. Todo ello supondría invertir mucho dinero público y muchos años sin nuevo centro de salud. Los ciudadanos no podrían disfrutar de los servicios del nuevo centro hasta dentro de mucho tiempo.

José Luis Benejam, alcalde de Alaior, ha comentado que «desde el Gobierno Municipal nos esforzamos en evitar la crispación y en fomentar el

entendimiento, intentando rebajar la excesiva tensión política que existe en el municipio, aunque no sea tarea fácil».

Asimismo, ha señalado que «la democracia se hace grande cuando se vota con garantías, con seguridad jurídica y con un estricto control imparcial del proceso. Se hace pequeña cuando se vota sin amparo legal, en consultas que no cuentan con una mínima tutela, seriedad ni rigor».

Desde el Ayuntamiento de Alaior se entiende que la utilización de menores de edad para atender los espacios de votación de una consulta política que se encuentra fuera de la ley es una flagrante intromisión en sus derechos constitucionales y supone una acción irresponsable de sus promotores. Además, se advierte de la vulneración de los derechos de los ciudadanos que con buena voluntad decidan votar no estando protegidos por la ley de protección de datos al facilitar su información personal, desconociéndose la posterior utilidad que se le pudiera llegar a dar a la misma.