El PR perdió la alcaldía en Tricio por una moción de censura tras auditar las irregularidades

El Partido Riojano ganó las últimas elecciones municipales en Tricio y Oscar Martínez relevó en el cargo a Carlos Benito, alcalde por el Partido Popular durante 36 años. Al llegar al Ayuntamiento, Martínez detectó una serie de graves irregularidades en la gestión económica del Consistorio y anunció la contratación de una auditoría que “motivó una moción de censura apenas un mes después de la toma de posesión”.

Esta sospecha del que fue elegido alcalde por los vecinos de Tricio y desalojado por la unión de PP y PSOE, se fundamentó en una serie de documentos que se entregaron a la Fiscalía para su investigación por el presidente del Partido Riojano. Así, Rubén Antoñanzas comparecía junto a Martínez frente al Palacio de Justicia y declaraban que “tenemos un compromiso con los vecinos de Tricio de esclarecer la verdad. Ellos confiaron en el Partido Riojano pidiendo trasparencia y cambio y aunque nos hayan echado de la Alcaldía vamos a seguir peleando por ellos”.

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El PR dice tener con los primeros indicios de irregularidades documentados sobre la gestión del PP en Tricio

Oscar Martínez, actual alcalde de Tricio

SUELDOS ENCUBIERTOS

La documentación entregada al fiscal demostraría que el anterior alcalde del PP, “habría estado cobrando durante años un sueldo fijo a costa del erario público, sin derecho a ello, al ser un municipio de menos de 1.000 habitantes y la ausencia de dedicación exclusiva o parcial que tenía.

El cobro se habría enmascarado mediante cobro de dietas y gastos de representación sin justificar, siendo evidente que Carlos Benito percibía una cantidad fija en números redondos cada trimestre, en concreto 1.500 euros. Además, también recibía otras cantidades por asistencia a plenos y supuestos gastos al margen de lo que podríamos denominar ese sueldo fijo”.

Se explicaba desde el partido Riojano que, en este sentido, 2017 habría sido especialmente bueno para Benito ya que a sus efectos tuvo cinco trimestres en lugar de cuatro.

Al menos –tal como consta en los documentos de pago y extractos bancarios- él cobró cinco “sueldos” de 1.500 euros, dos de ellos por el mismo concepto “dietas primer trimestre 2017”, con dos cheques: uno de 9 de enero y otro con fecha 3 de mayo. Según el PR, Posteriormente cobraría también por el segundo, tercer y cuarto trimestre de 2017.

Otra de las pruebas llamativas y determinantes de ese “sueldo” encubierto que habría estado cobrando el que fue alcalde desde 1983 con el Partido Popular se produce tres días después de la celebración de las elecciones municipales, cuando ya se conoce el cambio de Gobierno. Habiendo ya cobrado los 1.500 euros por “dietas del primer trimestre”, da la orden de pago de “dietas del segundo trimestre” cuando es evidente que en mayo todavía no había transcurrido ese periodo que pretendía cobrar, ni él iba a culminarlo porque en junio ya se produciría su relevo en la Alcaldía.

La práctica irregular detectada en el Ayuntamiento de Tricio, por el Partido Riojano, no habría sido en beneficio en exclusiva del anterior alcalde sino que habría favorecido también a otros familiares, como es el caso del alguacil municipal, hacia el que también constan pagos en cantidades fijas al margen de su salario como empleado del Ayuntamiento. Unos pagos, explicaban, “totalmente indebidos e injustificados de repostaje de gasolina cuando el Ayuntamiento carece de vehículos propios, por el extraño concepto de 'vacaciones´ o directamente bajo el epígrafe de 'varios´”. La denuncia del Partido Riojano se concreta en el anterior alcalde y en el alguacil pero las irregularidades podrían alcanzan a otras personas de su entorno hacia las que se extendieron cheques bajo epígrafes tan curiosos como “Ayuda a Pablo con los preparativos de los romanos” o se contrataron servicios “a dedo” a sus empresas. Como ha señalado Antoñanzas, “los hechos que relatamos y documentamos ante la Fiscalía podrían constituir un delito continuado de malversación de caudales públicos, así como delitos de prevaricación administrativa. Para nosotros, las sospechas indican algo muy grave pero en todo caso ahora le corresponde a la Fiscalía investigar y determinar si efectivamente esas conductas constituyeron esos delitos”.