Un vecino de Guipúzcoa logra la jubilación con 60 años y más de 3.000 euros de pensión con 30 años de cotización

En una reciente y trascendental sentencia, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha reconocido el derecho de un trabajador guipuzcoano a percibir la pensión de jubilación anticipada con el 100% de su base reguladora, que asciende a 3.126,83 euros al mes. Este fallo, que pone en evidencia una interpretación favorable a los derechos laborales, surge tras una ardua batalla legal contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). El demandante, afectado por poliomielitis desde la infancia, había solicitado su jubilación anticipada a los 60 años después de haber cotizado durante 33 años. Sin embargo, su petición fue rechazada varias veces debido a los estrictos requisitos de edad y cotización establecidos por la normativa.

Este trabajador de Guipúzcoa, afectado por las secuelas de la poliomielitis, ha padecido desde su niñez una serie de graves problemas de salud, como dismetrías en las extremidades inferiores, desviaciones en la columna y paraparesia, que le han limitado su capacidad laboral. Desde 1986, su grado de discapacidad fue reconocido inicialmente en un 33%, y en 2013 se elevó al 46%. En 2020, decidió solicitar la jubilación anticipada amparándose en el Real Decreto 1851/2009, que permite a las personas con discapacidades significativas reducir su edad de jubilación.

A pesar de este marco legal, la Seguridad Social denegó su solicitud, alegando que no cumplía con los requisitos mínimos de cotización y de edad para acceder a la jubilación anticipada por discapacidad. Aunque el trabajador había cotizado 12.112 días (alrededor de 33 años), no alcanzaba los 12.775 días necesarios, según el INSS. Además, el organismo argumentó que, al tener solo 60 años, el trabajador no podía beneficiarse de la jubilación anticipada voluntaria, y negó la aplicación del coeficiente reductor por discapacidad, ya que consideraba que su caso no cumplía los requisitos legales.

El fallo más reciente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha sido determinante. Tras un largo proceso judicial, el TSJPV ha desestimado el recurso presentado por el INSS y ha ratificado la sentencia del Juzgado de lo Social n.º 1 de Donostia-San Sebastián, que ya había reconocido el derecho del trabajador a acceder a la jubilación anticipada con el 100% de su base reguladora.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco da la razón al trabajador

El tribunal ha fundamentado su decisión en que las secuelas derivadas de la poliomielitis han afectado de manera constante la capacidad laboral del trabajador a lo largo de su vida. En este sentido, las patologías derivadas de esta enfermedad cumplen con los requisitos establecidos en el Real Decreto 1851/2009 para aplicar los coeficientes reductores de edad de jubilación. Además, el TSJPV considera que la evolución del grado de discapacidad no debe interpretarse como una alteración sustancial de las secuelas ya existentes, sino como una actualización del porcentaje, lo que no invalida la aplicación de los coeficientes reductores.

Una de las principales victorias del trabajador ha sido el reconocimiento del derecho a percibir el 100% de su base reguladora, que, según los cálculos judiciales, ascenderá a 3.126,83 euros mensuales. Esta cantidad representa la pensión íntegra que le corresponde por su larga carrera de cotización y por los efectos de su discapacidad.

El fallo también implica que la Seguridad Social deberá abonar la pensión retroactivamente desde la fecha en que se presentó la solicitud inicial, lo que podría suponer una cantidad considerable, cercana a los 112.565 euros, por los casi tres años transcurridos desde la solicitud hasta la resolución definitiva.

Este caso es significativo no solo por el monto económico que implica, sino también por las implicaciones legales y sociales que tiene en relación con la aplicación de la legislación sobre pensiones de jubilación anticipada y discapacidad. El tribunal ha interpretado de manera favorable las normativas existentes para proteger a los trabajadores que, como en este caso, han estado sometidos a severas limitaciones físicas a lo largo de su vida laboral.

Implicaciones para el sistema de pensiones

El reconocimiento del derecho del trabajador a la pensión completa es un importante precedente que podría influir en futuras demandas de otros afectados por enfermedades o discapacidades similares, ampliando las posibilidades de acceso a una jubilación anticipada en casos donde se den secuelas discapacitantes a largo plazo.

El caso de este trabajador guipuzcoano es un ejemplo claro de cómo, a pesar de los obstáculos burocráticos y administrativos que puedan surgir, los derechos laborales de los ciudadanos deben ser defendidos a través de los tribunales cuando se perciban injusticias. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha sido determinante en la protección de este derecho, garantizando que un trabajador que ha cotizado durante 33 años y ha sufrido secuelas de poliomielitis desde su infancia pueda disfrutar de una jubilación anticipada con una pensión completa.