PATRIMONIO HISTÓRICO
La Asamblea pedirá al Gobierno central un plan de rehabilitación de las baterías de Cartagena
Durante el debate de la moción, populares y socialistas se han reprochado la situación de abandono que presentan
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El Pleno de la Asamblea Regional ha aprobado, con el voto en contra del PSOE, una moción del Partido Popular para solicitar al Gobierno de España un Plan Integral de Rehabilitación y Puesta en Valor de las Baterías Defensivas de Cartagena.
"Las baterías de costa son propiedad del Estado, y, por tanto, es del Gobierno de la nación la competencia y obligación para su protección y conservación", ha argumentado la diputada María Casajús, defensora de la iniciativa.
Un total de "cinco castillos, cuatro fuertes, 26 baterías de costa y antiaéreas y más de 400 elementos defensivos que constituyen un gran museo al aire libre, que narran la historia militar de la ciudad y la importancia de su posición estratégica en el Mar Mediterráneo", ha resaltado Casajús.
"Unas construcciones que gozan de la categoría de Bien de Interés Cultural (BIC)", ha apuntado Casajús, "y que necesitan que se diseñe y ponga en marcha un proceso que permita actuar sobre estos elementos, así como definir el sistema adecuado de su protección y puesta en valor".
La moción ha generado críticas desde el PSOE al considerar que ni el Gobierno regional ni el Ayuntamiento de Cartagena estaban actuando en las fortalezas.
La diputada socialista, Dolores Jara, ha asegurado que las únicas inversiones que llegan para recuperar el patrimonio defensivo dela costa de Cartagena llegan a través de subvenciones estatales.
La diputada popular le ha recordado que "si hay quien ha trabajado por la protección del patrimonio de Cartagena ha sido el Partido Popular, con proyectos como el de recuperación y puesta en valor del Teatro Romano, el anfiteatro, el foro romano, los refugios de la Guardia Civil y, en el caso del frente marítimo, los Campus de la UPCT de la Muralla del Mar, el del CIM y la Muralla, o el Fuerte de Navidad recuperado por el Ayuntamiento".
María Casajús ha razonado la moción en la obligación que tiene el Estado por ley en proteger el patrimonio que es de su titularidad.