El alcalde de Lorca descarta una normativa específica para autorizar las plantas de biometano

El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, no contempla la redacción de una normativa específica para regular la implantación de las plantas de biometano en el municipio y confía en la autonomía del consistorio para impedir las que considera perjudiciales para los vecinos negando la declaración de interés público. 

Es lo que ya ha hecho con un proyecto para instalar una de esas plantas de biogás en la pedanía de Zarcilla de Ramos, al que no ha concedido la declaración de interés público al considerarla inviable. Contra el proyecto ha emitido un informe negativo por inadecuada distancia al núcleo de población, a ramblas y explotaciones ganaderas y atendiendo al volumen de tráfico de los vehículos que tendrían que trasladar los residuos ganaderos a la planta. 

Los mismos argumentos va a esgrimir contra otro proyecto que aspira a instalarse en la pedanía de Doña Inés, y que ha generado un importante rechazo vecinal, al que el ayuntamiento no le concederá tampoco la declaración de interés público. 

Gil lo ha explicado al término de una reunión técnica de seguimiento de los proyectos de plantas de biogás, un total de diez, que han solicitado permisos al ayuntamiento para instalarse en la zona norte.

El alcalde ha pedido a los partidos en la oposición  "unidad de actuación y consenso" para que el ayuntamiento mantenga su capacidad de decisión sobre las declaraciones de interés público "bajo criterios de conveniencia y oportunidad". 

El PSOE insiste en la conveniencia de suspender la concesión de licencias durante seis meses y modificar el plan urbano. El concejal socialista José Luis Ruiz aboga por recoger en esa modificación todas las condiciones que tiene que reunir una planta de biogás para ser autorizada "con reglas claras para los vecinos y para las empresas promotoras". 

Ruiz afirma que esa falta de regulación genera incertidumbre en los vecinos de las pedanías y entre las empresas promotoras "que estarían a expensas de la discrecionalidad política" para autorizar o impedir la instalación de esos centros de generación de biometano.