La Unidad de Control del Padrón de Lorca desvela decenas de casos de hacinamiento en infraviviendas

El Ayuntamiento de Lorca va a reforzar con más personal su unidad de control del padrón, creada hace año y medio para destapar casos de fraude, y que ha permitido destapar decenas de infraviviendas y sancionar a los que se han lucrado del negocio ilegal del empadronamiento.

Lo ha anunciado el alcalde, Fulgencio Gil, que ha hecho balance de la actividad de esta unidad especializada de funcionarios, que, además de su resultados estadísticos, está sirviendo “para que a aquellos que pensaran explotar viviendas como pisos patera, se les borre la idea de la cabeza”.

Se ha referido a casos en los que se han utilizado cebaderos de animales y casas en ruina como lugares de residencia en los que se hacinaban decenas de personas inscritas en en el padrón municipal.

Entre las actividades de la unidad, Gilñ ha destacado casi 70 inspecciones que se han traducido en 38 expedientes de ejecución forzosa, con órdenes de ejecución o restitución, que afectan mayoritariamente a infraviviendas.

Destacan también los 10 expedientes de órdenes de ejecución por incumplimiento de las condiciones de habitabilidad de las residencias y el Catastro está en almacenes y naves en las que los propietarios han realizado transformaciones con el objetivo de ser un lugar de residencia.

Desde su creación han iniciado 362 expedientes de comprobación que han dado lugar a 125 expedientes de depuración de empadronamiento, al detectarse personas residentes en los domicilios que no estaban empadronadas en ellos o personas empadronadas que no residen en dichos domicilios.

Esto se traduce en 546 requerimientos a propietarios y residentes y en 190 expedientes de baja de oficio del padrón, en 180 cambios de domicilio y 55 altas, y la identificación por parte de la Policía Local de más de 1.300 personas residentes en los domicilios sometidos a información o comprobación previa.

Esa identificación y comprobación no se ha podido llevar a cabo con más de 300 personas por no residir en los domicilios donde figuran empadronados, ha explicado Gil, que ha precisado que desde su puesta en marcha se han iniciado un total de 56 expedientes sancionadores por incumplimiento de las obligaciones del padrón de habitantes.

De esos expedientes 37 se corresponden con 2024 y 19 con 2025 y los investigados podrían ser sancionados con multas que oscilan entre los 375 y los 3.000 euros, ha revelado el alcalde.

La unidad de control del padrón ha realizado en este período cinco comunicaciones sobre infracciones al servicio de Sanidad, una docena a los Servicios Sociales, 49 al Catastro, 14 a la Agencia Tributaria y 44 a la Policía Nacional y a la Guardia Civil sobre domicilios que afectan a 111 personas.

El alcalde ha anticipado que la unidad será incrementada con más personal “para perseguir y castigar aún con más rapidez a quienes hacinen a personas en viviendas, porque las personas son lo primero”.

Además ha hecho un llamamiento a los ciudadanos a denunciar cualquier situación de este tipo para desterrar por completo estas prácticas en el municipio y ha remarcado que el consistorio ha conseguido acabar “con la sensación de impunidad que tenían los infractores”.

El ayuntamiento reclama también que el empadronamiento fraudulento sea tipificado como delito en el ordenamiento jurídico español contemplando penas de privación de libertad y sanciones económicas proporcionales a los ingresos obtenidos, procesando tanto a quienes se lucren con estas prácticas, como a quienes participen en su comisión.