Por qué los bares no son un elemento de riesgo para la salud pública según el TSJ del País Vasco

Los bares y restaurantes del País Vasco podrán reabrir desde este miércoles, pese a la orden del Gobierno vasco de cerrar estos locales en aquellos municipios con una alta incidencia de contagios. Así lo ha acordado el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que ha aceptado la petición de las asociaciones de hostelería de suspender cautelarmente la medida, Entiende que su actividad “no aparece en este momento como un elemento de riesgo cierto y grave para la salud pública”, como defendía el Ejecutivo.

Este miércoles en 'Herrera en COPE' ha sido entrevistada María José Rovira, abogada experta en Derecho Público y Regulatorio, que ha dicho que la suspensión de la medida acordada por el Ejecutivo durará el tiempo que se prolongue el juicio y hasta que haya sentencia. Y es que, lo que se busca es evitar un “perjuicio económico irreparable o de muy difícil reparación” para el supuesto de que se cierren los bares y finalmente la justicia falle que tienen razón los hosteleros.

Haciendo un símil con la situación sanitaria, se trata de evitar que “el medicamento llegue cuando el paciente ha fallecido”. En cualquier caso, esta decisión es cautelar, por lo que será el TSJ en sentencia el que dirá si el cierre es legal o no. De momento, el tribunal “ha valorado el intertés público frente al privado y ha considerado que no se ha probado que los establecimientos hosteleros sean una de las causas principales de los contagios”, razón por la que autoriza la reapertura, ha explicado la abogada.

Rovira ha dicho que “en la medida en que una asociación de hosteleros de una comunidad recurra” las órdenes de las diferentes administraciones, cualquier hostelero podría pedir que se suspendieran de acceder a ello los tribunales. Ello porque no existen medidas sanitarias por parte del Estado, de forma que cada comunidad dicta las normas que estima en su territorio y acaban decidiendo los diferentes TSJ.

En este caso en concreto, el Gobierno de Urkullu tiene desde el miércoles cinco días de plazo para impugnar la resolución judicial. Esta es la tercera vez que los jueces echan atrás otras tantas decisiones tomadas por el lehendakari durante la pandemia. En agosto de 2020, el alto tribunal vasco suspendió la norma que obligaba a cerrar a la una y media de la madrugada los locales de ocio nocturno. Dos meses después, en octubre, la misma sala no autorizó la limitación a seis personas de los encuentros sociales en lugares públicos y privados al considerar que vulnera derechos fundamentales y no tiene cobertura legal. Esto llevó a Urkullu a solicitar al presidente del Gobierno que decretara un nuevo estado de alarma que diese cobertura jurídica a las restricciones de los Ejecutivos autonómicos.