El delegado del Frente Polisario en España: "Es un giro radical con respecto a la legalidad internacional"

El Frente Polisario considera que el cambio de postura del Gobierno legitima la represión de Marruecos sobre el pueblo saharaui. Abdulah Arabi es delegado del Frente Polisario en España y ha hecho una lectura en 'La Linterna' de ese giro del Ejecutivo. "Para nosotros supone la ruptura con un consenso que ha caracterizado a la política exterior española en los últimos 46 años con respecto a la cuestión del Sáhara Occidental. Es una decisión que se contradice con el derecho internacional y es resultado de una ambigüedad en el discurso que veníamos escuchando en los últimos meses".

Por tanto, Arabi ha afirmado que "no había mucha claridad en ese discurso" y que "lo más grave de esta decisión es el hecho de defender la opción de la autonomía como una solución dentro del plan de paz que está aprobado y aceptado por las dos partes. Apuestan por una propuesta presentada por Marruecos como contrapartida al plan de paz de Naciones Unidas y ahí está la gravedad". En esta premisa insistía el delegado del Frente Polisario en España: "Apuestan por la propuesta de un país que invade, agrede, viola el derecho internacional".

Esa postura que ahora apoya España también participaba EE.UU, Francia, Alemania y la Unión Europea, le apunta Expósito. "Pero no la propuesta. Es un matiz muy importante. Hay un plan de paz aprobado en el 1991, en el marco de las Naciones Unidas y aceptado por el Frente Polisario y Marruecos. Contempla la celebración de un referéndum de autodeterminación donde tienen la posibilidad de elegir. En 2007, Marruecos presenta un plan de autonomía como única solución que rompe con ese plan de paz y eso es lo que apoya el Gobierno. Esto es un giro radical con respecto a la legalidad y el derecho internacional", asegura.

Arabi también ha asegurado en 'La Linterna' que "queremos que el Gobierno de turno tenga en consideración ese sentir que es ampliamente solidario a la situación del pueblo saharaui. Y que haya una responsabilidad histórica, jurídica y política del Estado español con respecto a la solución del pueblo saharaui".