Correas: “El Gobierno propone un recurso al Supremo que retarda más la toma de decisiones contra el virus”

Dice el dicho popular que el hombre en un animal que tropieza dos veces en la misma piedra. Y aquí estamos, tropezando una vez más con la piedra de lo que se dio en llamar “la cogobernanza”.

Se repite el mismo guion que vivimos tras el primer estado de alarma y al parecer poco o nada hemos aprendido. Nos queda unas horas para que el actual estado de alarma se dé por concluido, en la medianoche de mañana domingo, con las 12 campanadas y antes de terminar ya tenemos el primer baile judicial.

El País Vasco había solicitado que les dejaran prolongar el toque de queda y además limitar las reuniones sociales a 4 personas. El Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad se lo ha denegado. Pues bien, con la misma ley en la mano, otros tribunales en Baleares o Valencia si que han autorizado mantener un toque de queda, una limitación de movimientos a partir de una determinada hora.

Sabíamos que la piedra estaba ahí para cuando terminara el estado de alarma, pues ya hemos tropezado. ¿Se podía haber evitado? Por lo menos se podía haber intentado, legislando en concreto para esta pandemia que vivimos, dando un marco jurídico claro y unificado para tratar este asunto. Llevamos más de un año con este tema, y a pesar de las promesas no se ha hecho. Ni siquiera se ha intentado.

La solución ha sido un decreto por el que se autoriza a las regiones a recurrir al Tribunal Supremo si les tumban en los juzgados las medidas que quieran aprobar. El propio Supremo cuestiona que esta sea la decisión más adecuada. En el fondo es añadir otro tejado donde poner la pelota cuando estorba.

Nada garantiza que el Supremo vaya a dar luz verde a lo que ha negado otro tribunal. Además, se supone que cuando se toman medidas sanitarias por el coronavirus es por una situación urgente que hay que atajar cuanto antes mejor y sin embargo la propuesta del Gobierno es la de meter otro proceso judicial de por medio, embarrar un poco más el camino con otro recurso. Pues en esas estamos, es lo que ha definido como una tortura judicial el presidente de Castilla la Mancha, el socialista Emiliano García Page.