¿Es efectiva la reforma de las pensiones? España se arriesga a perder 10.000 millones de euros con ella

Un proyecto crucial cuya aprobación se va retrasando por la falta de acuerdo entre todos los agentes implicados. El ministro de Inclusión, José Luis Escrivá tiene un plan que pasa por ampliar los años que se tienen en cuenta para calcular la pensión. Pero ese proyecto no cuenta, de momento, con el respaldo ni de la parte morada del Ejecutivo ni de los sindicatos.

Y esta falta de acuerdo puede tener un efecto demoledor: Bruselas ya ha anunciado que si España no reforma su sistema, podemos recibir una importante sanción económica. Están en juego los siguientes 10 mil millones de euros de fondos europeos, que dependen de que España cumpla con los compromisos acordados con la Unión Europea. Y, entre ellos, esta reforma del sistema de pensiones. Así que este nuevo episodio de crisis interna del gobierno puede tener consecuencias muy graves para nuestro país.

Empecemos por explicar por qué es necesario reformar nuestro sistema de pensiones. Y la clave es que el diseño actual se hizo en otro contexto histórico. España es un país cada vez más envejecido y ahora los números, no cuadran.

Según los Presupuestos Generales del Estado para 2023, el sistema arrojará unas pérdidas de 38.612 millones de euros. Es decir, con lo que cotizan los trabajadores de hoy no se pueden pagar las pensiones de los que trabajaron ayer. El envejecimiento progresivo es una constante en todo el mundo. En España la tasa mediana de edad es de 43,9 años. Pero es que en Alemania es de 47,8 de Alemania y en Italia de 46,5 años. Y la cosa va a ir a más. Acabamos de saber que España vio nacer en 2022 apenas 330 mil niños, la menor cifra de la historia. La Oficina estadística de la Unión Europea, Eurostat, apunta a que España sufrirá durante las próximas décadas el mayor incremento en la tasa de dependencia de toda Europa.

Hay otro dato que ilustra a la perfección la necesidad de reformar el sistema de las pensiones. En 1960, los mayores de 65 años suponían el 8,2% de la población española. En 2020, ya representaban el 22,9%. Pero es que para 2050 se espera que superen el 31,4% de la población. Aunque el envejecimiento no es el único problema, como apunta en COPE la profesora de Derecho del Trabajo de la Universidad Francisco de Vitoria Isabel Marín. Con estos datos, parece evidente que el sistema actual no es sostenible.

¿Cómo reformarlo?

La propuesta de Escrivá, de momento, no cuenta con el respaldo ni de sus socios de Gobierno ni de los agentes sociales. El ministro ha planteado pasar progresivamente de los 25 años vigentes a 30 años, pero computando solo los 28 mejores. Escrivá defiende que con esta reforma se busca dar opciones a las personas con carreras laborales que no son lineales y que, en ningún caso, conlleva recortes del gasto. Otra de las medidas que se han puesto sobre la mesa es la de aumentar progresivamente las cotizaciones de las pensiones más elevadas. Lo cierto es que la parte socialista del Ejecutivo tiene encima la presión europea.

El ministro se ha reunido esta semana con el comisario económico Gentilloni. Es su tercera visita a Bruselas en el último mes. De no aprobar la reforma del sistema, Bruselas puede sancionar a nuestro país. Es más, peligraría el cuarto pago por valor de 10.000 millones de euros de los fondos Next Generation. Eso sí, Escrivá dice que la amenaza de sanciones de Bruselas no se dirige específicamente a nuestro país.

Para poder aprobar la reforma de las pensiones, Escrivá debe ponerse de acuerdo, primero con sus socios, y luego, con los agentes sociales. Y, a tenor de lo escuchado por unos y otros, de momento, ese acuerdo se antoja muy lejano.

Y eso que el calendario apremia. España se comprometió con Bruselas a tener terminada esta segunda reforma del sistema de pensiones antes de que finalizara 2022. Pero, como apuntas Antonio, las posiciones siguen enfrentadas. Desde Podemos llamaban estos días a Escrivá a serenarse y a explicar bien su modelo. Y dejaban claro que no hay consenso respecto a la ampliación del periodo de cálculo. Desde los sindicatos, el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, también le ha pedido al ministro que exponga si hay novedades ante el Pacto de Toledo y recupere la mesa de diálogo social.

¿Conclusión?

El ministro dice en Bruselas que tiene un acuerdo que en España niegan sus propios socios. ¿Y qué dicen los expertos? En primer lugar, dejan claro que la razón por la que no se ha reformado el sistema es política. Y que el problema de financiación solo se resolverá por dos vías: la de los impuestos y la de la reducción del gasto público. Lo apunta en COPE la profesora Isabel Marín, ella cree que el sistema debería tener en cuenta todos los años cotizados. Cree que eso permite adaptar la cotización a los intereses personales.

También es interesante ver qué están haciendo el resto de países de nuestro entorno. En Francia, por ejemplo, la reforma que promueve el Gobierno de Macron se está tramitando en el parlamento en medio de una fortísima protesta en las calles.

La clave de la reforma de Macron es que sube de los 62 a los 64 años la edad de jubilación. Además, se adelanta a 2027 la exigencia de haber cotizado 43 años para cobrar la pensión completa. Según los sondeos, un 63% de los franceses se opone a la reforma. ¿Y qué están haciendo el resto de países? Pues básicamente hay tres líneas de actuación: reducir la cuantía de las pensiones; introducir elementos dinámicos que permitan variar el cálculo de la pensión, como la tasa de natalidad o el déficit del sistema; y, por último, convertir progresivamente la pensión pública en una pensión asistencial.

Este último modelo, llamado sistema de capitalización, es el que aplican países como Australia, y consiste, entre otros factores, en que la jubilación de un trabajador depende de los aportes efectuados durante su vida laboral. Así están las posiciones, el ministro Escrivá sigue defendiendo su plan. Dice que ayudará a una de cada tres personas que se jubilan. Pero lo cierto es que de momento su plan no cuenta con el respaldo ni de sus socios de gobierno ni de los agentes sociales.