A vueltas con la laicidad

Durante su encuentro con las autoridades y la sociedad civil en Budapest, el Papa dijo que una provechosa colaboración entre el Estado y la Iglesia es fecunda, salvaguardando bien las oportunas distinciones. Francisco defendió una sana laicidad que no decaiga en el laicismo, “que se muestra alérgico a cualquier aspecto sacro para luego inmolarse en los altares de la ganancia”, dijo con no poca ironía. Este comentario retrata bien lo que ha pasado en España hace pocos días. El Gobierno anunció que quedarán exentas del Impuesto de Bienes Inmuebles las confesiones religiosas de “notorio arraigo”. Es una decisión que valora la libertad religiosa como un bien fundamental a proteger. Lo llamativo es el coro de voces indignadas por esta decisión: a su juicio, el Gobierno estaría extendiendo a todas las confesiones unos supuestos “privilegios” de la Iglesia católica, en lugar de suprimirlos por las bravas.

Es necesario recordar a los ignorantes y a los fanáticos del laicismo, que la Iglesia católica tiene en España el mismo tratamiento fiscal que cualquier ONG, fundación, partido político, sindicato o federación deportiva. Todas estas realidades gozan de beneficios fiscales porque el Estado reconoce su aportación al bien común y la favorece. Parece que a estos indignados lo que les molesta es la propia existencia de la Iglesia, aunque creyentes y no creyentes reconozcan su insustituible labor social. Les molestan también los vínculos históricos de España y Europa con el cristianismo, a pesar de que esas raíces cristianas son las que han propiciado la separación entre Iglesia y Estado, y explican el surgimiento de la democracia en tierras europeas.

Es cierto que la democracia ampara la libertad de crítica respecto de la Iglesia y de cualquier confesión religiosa. Pero pretender marginar o expulsar del debate público y de la ciudad común las expresiones de la fe y las obras que nacen de ella, es una pretensión profundamente antidemocrática, además de empobrecedora de la convivencia.