Pilar G.Muñiz: "Se han aprobado unas normas sin saber qué va a decir el Constitucional sobre cómo se ha hecho"

Después de uno de los plenos más duros que se recuerdan en el Congreso, ha salido adelante la reforma del Código Penal. Es un cajón de sastre en el que ha entrado desde la reforma de la sedición, hasta la rebaja de la malversación, pasando por una modificación de las leyes que regulan el Poder Judicial y el Constitucional. Y todo con la vista puesta en los acuerdos con los independentistas de Esquerra.

Todo esto ha salido adelante en medio de acusaciones de golpe de estado entre Gobierno y oposición. Ni PP, ni VOX, ni Ciudadanos han participado en la votación final porque consideran que ha habido fraude de ley. Piensan que algo tan importante como cambiar las reglas de elección de jueces en el Constitucional, no puede hacerse mediante una simple votación, sin debate y sin informes que avalen un cambio tan sensible. Este tipo de modificaciones, según el PP, debería de hacerse con más control del Parlamento. Por eso, presentaron un recurso de amparo ante el Constitucional en el que pedían que se suspendiese la votación hasta aclarar su legalidad o no.

Pues bien, todavía estamos esperando la decisión del Alto Tribunal porque en otro alarde de división, que quedará para la historia, los jueces fueron incapaces de pornerse de acuerdo y se han citado para tomar la decisión el próximo lunes.

¿En qué punto estamos?

En un punto muy complicado. Por un lado, tenemos al Gobierno y a sus socios que acaban de aprobar una serie de normas sin saber qué es lo que va a decir el Constitucional sobre cómo las han aprobado. Y eso, en principio, los jueces lo van a decir el lunes. 3 días después de su aprobación.

¿Qué va a pasar ahora?

Lo primero es que el recurso de PP y el que, luego, ha presentado Vox siguen vigentes, y el Constitucional podría anular esa votación. Si eso fuera así, los cambios que ha efectuado el Gobierno quedarían paralizados.

Así que la estrategia del PSOE, de PODEMOS y de los independetistas es la de meter presión a los jueces con el argumento de que no se pueden anular decisiones votadas en el Congreso, porque eso sería cercenar el poder legislativo y la voluntad popular.

El problema es que, legalmente, el Constitucional sí puede hacerlo, porque está para eso. Para evitar que se puedan dar abusos en el Congreso y asegurar que las leyes se ajusten al marco constitucional.

Así que, puede pasar que se anule la votación como medida cautelar. Y, también, puede pasar que no se anule la votación y que el chasco se lo lleve la oposición. Si esto ocurriese, los cambios se mantendrían aunque el Constitucional podría seguir deliberando sobre el fondo del asunto.

Y, hay que recordar, que el recurso de amparo no es sobre el fondo de la cuestión, sino sobre la forma en la que se ha votado. El fondo se puede seguir tratando durante semanas o meses y, es curioso, porque el Tribunal Constitucional podría estar decidiendo si es legal o no el cambio de los jueces, mientras se cambian los jueces.

Es increíblemente enrevesado y roza el surrealismo o el esperpento. Pero es la realidad que vivimos ahora mismo en España, aunque parezca imposible de entender.