Un abogado experto en derecho inmobilario explica la razón por la que la ley favorece a los okupas: "Los que interpretan..."

La ocupación ilegal de viviendas es un tema que genera gran preocupación en España, especialmente entre los propietarios que ven cómo sus bienes son usurpados sin que la ley les ofrezca soluciones rápidas. En una entrevista a Antonio Herraiz en Mediodía COPE, el abogado experto en derecho inmobiliario Julio Naviera, presidente del Consejo de la Abogacía de Cataluña, ha explicado por qué la legislación actual parece favorecer a los okupas y qué está cambiando en la interpretación judicial de estas normas.

¿Por qué la ley parece beneficiar a los okupas?

Julio Naviera no duda en afirmar que la legislación actual "sigue siendo favorable para los okupas". Según el abogado, el problema radica en que las leyes no han sido modificadas para agilizar los desalojos, lo que permite que los ocupas permanezcan en las viviendas durante largos periodos de tiempo. "Para conseguir el desalojo efectivo, el retraso en la recuperación de la posesión del inmueble viene a ser aproximadamente unos dos años, dos años y medio", explica Naviera.

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Además, el experto señala que la legislación no solo no disuade a los ocupas, sino que en algunos casos les ofrece ciertas protecciones. "El último real decreto Omnibus no solamente prorroga los lanzamientos de las viviendas de personas vulnerables de arrendamientos hasta el 79% del 2025, sino que también incluye ese pack de prórroga para las familias vulnerables que han ocupado delincuencialmente una vivienda", detalla.

Aunque la legislación sigue siendo permisiva, Naviera destaca que algunas interpretaciones judiciales están empezando a cambiar la situación. Un ejemplo reciente es la decisión de la Audiencia Provincial de Barcelona, que ha establecido que los propietarios de viviendas ocupadas no pueden ser denunciados por cortar los suministros básicos, como el agua o la electricidad.

Interpretaciones judiciales que cambian las reglas del juego

"Lo que ha sucedido es que Barcelona ha llegado a unos acuerdos para la provincia de Barcelona. En el supuesto que haya algún recurso al Tribunal Superior de Justicia, este tendrá que pronunciarse", explica Naviera. Esta medida, aunque limitada a Barcelona, supone un alivio para los propietarios, que ya no tendrán que seguir pagando los suministros de los ocupas.

La situación no es uniforme en todo el territorio español. Mientras que en Barcelona se ha dado un paso adelante con esta interpretación judicial, en otras provincias como Girona se han adoptado medidas diferentes. "El 22 de noviembre de 2024, la Audiencia Provincial de Girona tomó una decisión también muy importante en relación a los ocupas. En aquellas ocupaciones recientes, entendidas como las que ocurren en las primeras 24 horas, los cuerpos de la policía deben proceder al desalojo inmediato sin necesidad de autorización judicial", señala Naviera.

El retraso en la recuperación del inmueble viene a ser aproximadamente unos dos años"

Julio Naviera

Abogado experto en derecho inmobilario y presidente del Consejo de la Abogacía de Cataluña

Sin embargo, estas medidas no se han extendido a otras provincias, lo que genera una falta de uniformidad en el tratamiento de los casos de ocupación. "Los acuerdos en ese sentido los de Girona afectan a la provincia de Girona, y en su momento tendrán que ser resueltos por el Tribunal Superior de Justicia", añade el abogado.

Ante la pregunta directa de si la ocupación es un problema real en España, Naviera no duda en afirmar que sí. "Es un problema real, grave, persistente y cada vez va peor", asegura. Aunque reconoce que la ocupación de viviendas de personas físicas ha disminuido gracias a la ley 5 del 2018, advierte que la ocupación de locales y viviendas pertenecientes a personas jurídicas y otras entidades está aumentando de manera constante.

"Lo que no se puede hacer es mirar para otro lado y ocultar la realidad", afirma Naviera. El abogado insiste en que la única forma de frenar este problema es mediante una regulación que permita el desalojo inmediato de los ocupas, preferiblemente en un plazo de 24 a 48 horas.

La ocupación ilegal de viviendas es un problema complejo que afecta a miles de propietarios en España. Aunque algunas interpretaciones judiciales, como la de la Audiencia de Barcelona, están empezando a ofrecer cierto alivio, la legislación actual sigue siendo insuficiente para disuadir a los okupas. Como explica Julio Naviera, "la única forma de impedir que los ocupas continúen cometiendo este tipo de delitos es conseguir una regulación inmediata para el desalojo".