Fernández Fontecha, letrado de las Cortes, en COPE: "Se intenta excluir el artículo 9.1 de la Constitución"

Este lunes, a las 19.00 horas, se va a reunir en Pleno extraordinario, el Consejo General del Poder Judicial para estudiar esa futura ley de amnistía. Una reunión impulsada por 8 vocales que consideran esa amnistía como una "medida de abolición del Estado de Derecho" que "violenta la Constitución" y convierte a la Justicia en "una quimera".

Para la Asociación Profesional de la Magistratura (AMP), esto es el principio del fin de nuestra democracia porque se pretende romper las reglas de la Constitución y volar por los aires el Estado de Derecho.

La amnistía que está negociando el PSOE con Junts y que ya ha pactado con Esquerra Republicana de Cataluña, ¿es una reforma de la Constitución española? "Tal y como se está planteando obedece a un esquema que históricamente se ha llamado "sustitución constitucional". Esto fue propio de algunas democracias finales como la de Weimar (en Alemania), y consiste, dicho sencillamente, en que una norma sin rango constitucional regula la misma materia que regula la Constitución", explica en Mediodía Fin de Semana, Manuel Fernández Fontecha, letrado de las Cortes y ex letrado del Tribunal Constitucional.

Se intenta sustituir el artículo 9.1 de la Constitución

¿Qué supone esta sustitución constitucional, entonces? "Más que una infracción de Constitución que también lo es, es una sustitución de Constitución con lo que se consigue evadir las cláusulas de reforma. La Constitución tiene una serie de artículos que no son reformables nada más que a través de una serie de procedimientos de reforma, y esas cláusulas garantizan lo que es el efecto de primacía de la Constitución. A través de la sustitución lo que se consigue es modificar, entre comillas, la norma material a través de una norma sin rango", explica el letrado de las Cortes.

Manuel Fernández Fontecha aclara qué es lo que se está intentando sustituir o excluir de la Constitución, "el artículo 9.1 que dice que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al ordenamiento jurídico y esta es una norma única en el constitucionalismo español y única en el derecho comparado y es una norma, que en mi opinión, excluye la amnistía".

La falta de fecha para el debate de investidura es "producto de la anticipación de los acuerdos, entonces todo está pendiente de que se garantice para la otra parte de forma suficiente que se van a cumplir los acuerdos y de la ley de amnistía. Todo depende de la presentación de la proposición de ley", entiende el letrado Fernández Fontecha.

Esta proposición de ley orgánica, como se va a presentar la amnistía, "se tiene que tramitar según el artículo 126 del reglamento de la Cámara Baja requiere dos requisitos, el Gobierno tiene que remitir un informe y tiene que emitir un segundo informe sobre si hay aumento de gastos y reducción de ingresos. Este requisito seguro que se hará con gran velocidad y la entrada en vigor dependerá de la actuación posterior del Senado y de los tribunales. Si el Senado ejerce sus poderes de enmienda tiene un plazo de dos meses o de veinte días si el tema es declarado de urgencia", detalla el letrado.

Fernando Galindo, letrado mayor del Congreso

¿Es razonable que se elija a un perfil como el del Fernando Galindo, afiliado al PSOE y subsecretario del Ministerio de Política Territoria para este cargo? Aquí hay que mirar, dice Manuel Fernández Fontecha "al reglamento del Estatuto del personal de las Cortes Generales y que dice que puede ser nombrado letrado mayor y secretario general del Congreso de los Diputados el que esté en el cuerpo de letrados de las Cortes Generales y que tenga cinco años de antigüedad y los requisitos lo cumple al margen de la polémica creada".

De hecho el nombramiento ya ha sido recurrido ante el Tribunal Supremo por la Asociación Reconciliación y Verdad Histórica.