Los seis radares trampa en una ciudad de la Comunidad Valenciana que captan varios carriles a la vez: "Hay 4 vacíos"

En la ciudad de Valencia, la reciente instalación de seis radares trampa ha suscitado una variedad de opiniones sobre su eficacia y el verdadero propósito detrás de su implementación. Estos dispositivos, diseñados para captar la velocidad de los vehículos en múltiples carriles simultáneamente, se están utilizando como parte de una estrategia del Ayuntamiento para reducir la velocidad y, en consecuencia, minimizar accidentes y atropellos. Sin embargo, el modelo de negocio detrás de su funcionamiento plantea interrogantes sobre su verdadero objetivo.

Los seis radares instalados son capaces de funcionar con tecnología Doppler, lo que les permite registrar la velocidad de varios vehículos a la vez. Esto significa que los conductores pueden estar bajo vigilancia en diferentes carriles sin saber si alguno de los radares está activo. Esta estrategia busca crear un efecto disuasorio: si los conductores no saben cuál de los radares está en funcionamiento, es más probable que respeten los límites de velocidad establecidos.

El Ayuntamiento de Valencia ha declarado que el objetivo de estas medidas es la seguridad vial, asegurando que no existe un afán recaudatorio detrás de la implementación de los radares. Sin embargo, esta afirmación ha sido recibida con escepticismo por muchos ciudadanos que ven en estas acciones una forma de incrementar las multas y, por ende, los ingresos del consistorio.

Alfonso García, en Poniendo las Calles, reveló que el Ayuntamiento ha invertido casi 250.000 euros en la compra de estos radares, de los cuales 165.000 son para la inversión inicial y el resto destinado al mantenimiento y certificación de los dispositivos. Para amortizar este costo, se necesitarían al menos 1.236 multas de 200 euros cada una. Esto implica que, en el mejor de los casos, se espera una cantidad significativa de infracciones, lo que lleva a cuestionar si la verdadera intención es la recaudación.

García también mencionó que, de los seis dispositivos instalados, solo dos han sido adquiridos por el Ayuntamiento. Esto significa que siempre habrá cuatro radares vacíos, lo que genera aún más dudas sobre la transparencia del sistema. La práctica de rotar los radares, haciendo que los conductores nunca sepan cuál está activo, es una táctica que muchos han comparado con un juego de "ratón y gato".

El modelo de radares trampa no es exclusivo de Valencia. Ciudades como Ibiza y Denia han comenzado a implementar tácticas similares, lo que indica una tendencia en la Comunidad Valenciana hacia el uso de tecnología de vigilancia como medio para controlar el comportamiento de los conductores. Estas prácticas han suscitado debates sobre su efectividad real y la ética de tales medidas, especialmente en lo que respecta al respeto a la privacidad y a la confianza de los ciudadanos en sus autoridades locales.

Si bien la reducción de la velocidad en las áreas urbanas puede tener beneficios claros en términos de seguridad vial, el uso de radares trampa plantea cuestiones más amplias sobre cómo se implementan estas medidas y qué motiva a las administraciones a adoptarlas. La percepción de que la seguridad se convierte en una forma de monetización de las infracciones puede erosionar la confianza de los ciudadanos en sus autoridades.

El discurso sobre la seguridad vial debería centrarse en educar a los conductores sobre la importancia de respetar los límites de velocidad y promover una cultura de responsabilidad en la conducción. Sin embargo, cuando se asocia la seguridad con la posibilidad de multas económicas, se corre el riesgo de que los ciudadanos vean a sus gobiernos como entes recaudadores en lugar de aliados en la promoción de un entorno más seguro.

La instalación de estos radares trampa en Valencia es un tema que seguirá generando discusión. Aunque su propósito oficial es mejorar la seguridad vial, la inversión significativa y la necesidad de generar multas para recuperar costos nos llevan a cuestionar las verdaderas intenciones detrás de su uso.

La implementación de tecnologías de control de velocidad debería ir acompañada de un enfoque educativo que fomente un cambio real en el comportamiento de los conductores, en lugar de simplemente buscar aumentar los ingresos del Ayuntamiento. En última instancia, el desafío radica en encontrar un equilibrio entre la seguridad y la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.