Gabilondo reconoce que "la Iglesia no ha participado, pero sí ha colaborado en este informe"

"Es necesario dar una respuesta a una situación de sufrimiento y soledad que durante años se ha mantenido cubierta por un injusto silencio, el de quienes pudieron hacer más, o de otro modo, para evitarlo. No es cierto que todos lo sabían, pero no es verdad que nadie lo sabía". Con estas palabras, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha hecho entrega esta mañana a la presidenta de las Cortes Generales, Francina Armengol, del “Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos”. El Informe cuenta con 777 páginas y recoge, entre otras cosas, los ámbitos de actuación, objetivos, metodología y fuentes empleadas.

Además, Gabilondo ha pedido no solo a la Iglesia, sino también al Estado, "que den respuesta a una situación de sufrimiento y de soledad que durante años se ha mantenido, de una u otra manera, cubierta por un injusto silencio”. Gabilondo ha insistido en que "las víctimas son el sentido primero, el sentido último y el sentido central de este Informe”.

Las cifras

"Pretender hacer una estimación de víctimas supondría pasar por delante la voluntad de las víctimas, e ignorar también que algunas ya han desaparecido" ha asegurado Gabilondo, que ha alertado "de que una víctima ya sería demasiado" y que no hace falta "sumar ceros a un número para que tenga importancia un asunto". "Los testimonios recogidos revelan el impacto devastador que los abusos sexuales han tenido en la vida de personas concretas", frente a los cuales había "la necesidad de responder a tantas personas que han sufrido estos abusos en su infancia", en especial "por parte de la Iglesia Católica, de la que cabe esperar ejemplaridad". No obstante, ha reconocido que ha mantenidoreuniones con asociaciones de víctimas, más de 80 encuentros con el presidente y secretarios generales de la Conferencia Episcopal Española, con el presidente de la Conferencia Española de Religiosos y con superiores y miembros de la misma, con el decano del Tribunal de la Rota, con representantes de institutos de vida consagrada, y con la Comisión Asesora y Foro de Asociaciones de Víctimas y ha alabado durante la rueda de prensa "el trabajo de CONFER o REPARA en esta materia".

La respuesta de la Iglesia

El Informe apunta que la respuesta de la Iglesia católica, al menos a nivel oficial, "ha estado caracterizada durante mucho tiempo por la negación o la minimización del problema", ha expresado. "Algunas víctimas han tenido que hacer frente no solo a la negación y a la ocultación, sino incluso a presiones y a reacciones de representantes de la misma en las que se les culpabilizaba de los abusos sufridos".

Se ha de reconocer, al mismo tiempo, que la Iglesia católica es una institución plural y que la Comisión Asesora, creada ad hoc, pudo detectar buenas y malas prácticas. Y el Informe reconoce “el coraje institucional de quienes han optado por asumir la responsabilidad que corresponde a la institución por la victimización producida”.

Por su parte, los poderes públicos carecieron de procedimientos adecuados para prevenir, detectar y reaccionar frente a la comisión de abusos sexuales de menores en los centros escolares de la Iglesia católica. Sólo muy recientemente, el año 2021, se introdujeron mecanismos y procedimientos de prevención y detección para la totalidad de los centros educativos de titularidad pública o privada. La mayoría de casos que han llegado a ser denunciados, pese a ser una muy pequeña parte de la realidad del problema, no han encontrado respuesta por parte del sistema judicial.

Ángel Gabilondo, que ha dirigido los trabajos y presidido la Comisión Asesora de expertos, subraya que el Informe se ha configurado sobre la base de testimonios de las víctimas. “Escucharlas es encontrarse con la voz y la experiencia de un dolor. Y lo sucedido es para ellos y para la sociedad un verdadero desastre”. Y resalta, “el Defensor del Pueblo no tiene como misión juzgar, no es juez. No tiene como misión legislar, no es el legislador. Más bien analiza, pregunta, estudia, investiga y recomienda y sugiere”.

Impacto devastador

Los testimonios recogidos de la escucha respetuosa a las víctimas revelan el impacto devastador que los abusos sexuales han tenido en sus vidas. “En ningún caso el número de testimonios pretende dejar determinado el alcance cuantitativo del problema. Lo importante, cuando se ofrece un determinado número de testimonios de víctimas, es tener presente la singularidad personal de cada una de ellas y la inviabilidad de reducirla a una cifra en una contabilidad”, subraya el Defensor del Pueblo.

"Los abusos sexuales en la Iglesia católica constituyen un grave problema social y de salud pública. Un problema que ha causado mucho daño. La gravedad del fenómeno deriva de la intensidad del daño que han sufrido las víctimas, de la cantidad de personas afectadas y de la defraudación de la confianza depositada por ellas, y por una parte muy importante de la sociedad, en una institución que ha tenido un poder innegable en España y una autoridad moral en la sociedad”.

Por ello, ha dicho, "las conclusiones y las subsiguientes recomendaciones de este Informe no pretenden ser una última palabra. Y menos aún una solución definitiva o un punto final, ante un daño tan grande que ha afectado y que afecta a tantas personas desde hace tanto tiempo. Más bien aspiran a contribuir a la toma de conciencia iniciada hace unos años por parte de la sociedad española, recordando y requiriendo a la Iglesia católica y a los poderes públicos que sigue abierta la necesidad de dar una respuesta a las víctimas".

Ángel Gabilondo subraya que “el Informe aporta claridad, datos y argumentos ante una cuestión que a todos resulta difícil de abordar, pero que es imprescindible hacerlo. Se trata de que se asuman responsabilidades, lo que implica responder de, responder ante y responder a. Y esta respuesta necesaria exige que el Informe que hoy entregamos a la Cortes Generales, a través de su presidenta, contribuya a la toma de mayor conciencia de la cuestión, y a dar efectivamente una respuesta a las víctimas, una respuesta exigida por ellas con buenas razones”.

Recomendaciones

El Informe recomienda, entre otras cosas, celebrar un acto público de reconocimiento a las víctimas, crear un fondo estatal para pagar compensaciones, que la Iglesia ponga medios para ayudar a las víctimas en el proceso de recuperación, y reformas normativas para prevenir abusos y reparar a las víctimas.