Organizaciones católicas alertan del impacto de una economía que no pone a las personas en el centro

Coincidiendo con la celebración, el 8 de mayo, del Día Internacional del Comercio Justo, la iniciativa «Enlázate por la Justicia» (integrada por Cáritas, Cedis, Confer, Justicia y Paz, Manos Unidas y Redes) publica el documento «Las personas y el planeta en el centro de la economía. Los impactos de un sistema económico que no prioriza la vida» en el que alerta del impacto de una economía que no está poniendo a las personas y al planeta en el centro de sus prioridades.

Esta publicación culmina la serie de análisis e infografías que «Enlázate por la Justicia» ha venido sacando a la luz en los últimos meses dentro del ciclo “#ConectaPobreza” para poner de manifiesto la influencia que tienen nuestros hábitos de consumo en la pobreza y en el deterioro del planeta, ya sea el uso del agua, de la telefonía móvil, la alimentación, el transporte o el vestido. Esta última entrega dedicada a la economía cierra el círculo y lanza una mirada sobre el resto de desafíos abordados en el marco de esta campaña.

Al igual que en todo el trabajo desarrollado por «Enlázate por la Justicia» desde su creación, la encíclica Laudato si´ del Papa Francisco es la fuente permanente de inspiración. En esta ocasión, es el punto 93 el texto de arranque del documento, donde se señala que “todo planteamiento ecológico debe incorporar una perspectiva social que tenga en cuenta los derechos fundamentales de los más postergados. El principio de la subordinación de la propiedad privada al destino universal de los bienes y, por tanto, el derecho universal a su uso es una «regla de oro» del comportamiento social y el «primer principio de todo el ordenamiento ético-social».

El nuevo documento sobre economía aborda tres causas y otras tantas consecuencias del actual sistema económico que, si bien parte de un enfoque orientado hacia el Estado de Bienestar, más desarrollado en los Estados democráticos y con compromiso en la justicia social, “no ha logrado reducir la desigualdad, proteger la vida, disminuir la discriminación o repartir los bienes, por lo que no contribuye a la felicidad pública”, aunque, en el lado positivo, “el capitalismo ha generado mayores ingresos per cápita, ha reducido los niveles de pobreza absoluta y ha aumentado la esperanza de vida, lo que podemos traducir por un aumento material del bienestar”.

Las tres causas

La primera causa que identifica el documento sobre esa incapacidad del sistema para reducir la desigualdad es la divergencia entre el reto de dar respuesta a las necesidades humanas y el afán de lucro. Y es que “no es lo mismo el afán de las personas que quieren obtener los ingresos suficientes para llevar una vida digna, que el afán de lucro ilimitado que busca más de lo necesario. A lo que conduce poner las necesidades ilimitadas como base de la organización económica actual es al enriquecimiento ambicioso que resulta tan depredador a nivel humano como la sobreexplotación de los recursos naturales”.

El crecimiento es la segunda causa, teniendo en cuenta que el sistema económico actual se mide en relación a su capacidad para generar crecimiento y obtener beneficio. El crecimiento en cortos periodos de tiempo no permite que se regeneren los recursos naturales ni los elementos que intervienen en el proceso económico, ni tampoco dignificar a las personas que hacen funcionar el sistema ni a las que nunca pueden entrar en él. Esto alimenta un sistema que promueve el individualismo y la competencia en las relaciones económicas para la maximización de las ganancias.

Y la estructura del sistema financiero es la tercera causa señalada en el documento. “Estamos ante un modelo donde se ha logrado minimizar así la economía real de bienes y servicios frente a la economía del crédito y la deuda financiera, y ante un mercado de valores, de futuros y otros productos financieros que alejan la economía de la vida real y tangible”.

Junto a ello, la deuda externa no ha permitido salir a los países empobrecidos de su situación. Como se lee en el documento, “desde la necesidad o mediante la corrupción, que son otras formas de violencia, los países enriquecidos han conseguido que los empobrecidos se endeuden con ellos, de modo que países enteros deben aplicar las políticas que interesan a las grandes corporaciones. Este mecanismo sigue favoreciendo la pobreza, el analfabetismo y el hambre”.

Las tres consecuencias

Estas causas provocan otras tantas consecuencias. La primera es la persistencia de necesidades humanas no cubiertas o encubiertas, como son los cuidados o la economía sumergida. Unos cuidados remunerados y no remunerados prestados, por ejemplo, por familiares y miembros de la comunidad, a menudo debido a la falta de acceso a servicios de cuidados de calidad. Y una economía sumergida, basada en actividades no declaradas fiscalmente por ser informales o ilegales, y que se caracteriza por la evasión del pago de impuestos en el que se basa nuestro estado de bienestar.

Se estima que unos 2.000 millones de trabajadores tuvieron empleos informales en 2016, lo que representa el 61 por ciento de la fuerza laboral mundial. Junto a esto, unos 700 millones de personas con empleo vivieron en la pobreza extrema o moderada en 2018, con menos de 3,20 dólares al día.

Otro dato elocuente es que las mujeres realizan más del 75% del trabajo de cuidados no remunerados y le dedican 3 veces más tiempo que los hombres.

Una segunda consecuencia es la degradación natural y humana. El impacto natural es el limitante en esta degradación, ya que vivimos en un único planeta y los procesos de alteración no se pueden revertir con el crecimiento y el lucro. El impacto natural se manifiesta en forma de cambio climático, pérdida de biodiversidad, desaparición de acuíferos y la contaminación de las reservas de agua dulce, sobreexplotación de recursos naturales, erosión y contaminación de suelos cultivables, polución atmosférica y oceánica, daños genéticos y hormonales, zoonosis y distintas enfermedades.

Algunos datos que hablan de ese deterioro es que estamos consumiendo los recursos de 1,4 planetas con una economía que considera que las materias primas son infinitas, que en España se reciclan únicamente el 34% de los residuos urbanos o que cada año se desperdician 1.300 millones de tonelada de alimentos en el mundo mientras que casi 2.000 millones de personas padecen hambre o desnutrición. Además, solo en el primer semestre de 2020 se registró el desplazamiento de 14,6 millones de personas, 9,8 millones como consecuencias de desastres naturales y 4,8 a causa de conflictos y violencia.

El aumento del poder de las multinacionales y los paraísos fiscales es la tercera consecuencia, provocada por una globalización económica que ha supuesto la movilización de empresas, recursos y capital, pero no de las personas más pobres.

Las empresas que se deslocalizan con mayor facilidad suelen ser multinacionales. Se estima que dos terceras partes del comercio mundial se realiza a través de ellas. Estas empresas globales ejercen tal influencia social, que los gustos y tendencias de los países de procedencia de las mismas se difunden por todo el mundo, lo que produce una pérdida acelerada de riqueza cultural.

En muchas ocasiones las multinacionales de sectores estratégicos (como petróleo, gas, financieras, informáticas…) controlan la política en todos los niveles geográficos: local, nacional, regional y mundial. Es fácil así lograr permisos para actividades empresariales, como las extractivas, sin consultar a las comunidades locales y produciendo graves vulneraciones de derechos humanos y deterioro medioambiental.

Una idea de su capacidad económica en que las multinacionales desplazan el 40% de sus beneficios a paraísos fiscales, lo que supone unos 600.000 millones de dólares anuales; los ingresos de Volkswagen superan el PIB de Grecia y los de Toyota el PIB de Portugal.

Soluciones existentes y avances

Ante este panorama sombrío, el documento ofrece razones para la esperanza, varias de ellas ligadas al marco legal vinculante de que se ha ido dotando en las últimas décadas la comunidad internacional para avanzar en la lucha contra la pobreza y la garantía universal de derechos humanos. La primera de ellas está en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, concretamente en el ODS 8 («Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos») y el ODS 12 («Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles»).

Otro marco de garantías es el Pacto Internacional delos Derechos económicos, sociales y culturales de 1966 que apela a cuestiones tan básicas para la dignidad humana como la alimentación, la salud, la vivienda, el trabajo, la educación o el agua.

Cabe señalar, también el principio vital del “Buen Vivir”, propio de los pueblos originarios, que recoge una visión del mundo centrada en el ser humano como parte de un entorno natural y social que se ha plasmado como principio constitucional en algunos países de la Amazonía con los que “Enlázate por la Justicia” ha trabajado en la campaña “Si cuidas el planeta, combates la pobreza”.

Y un lugar importante en este apartado de soluciones y avances son las propuestas sociales que han surgido en los últimos años de economías alternativas, que coinciden en poner el planeta y las personas en el centro. De entre todas ellas el documento destaca estos modelos: la Economía Social y Solidaria, la Economía Francisco y la Economía de los bienes comunes.

La Economía Solidaria, en el marco de la tradición de la Economía Social, pretende incorporar a la gestión de la actividad económica, los valores universales que deben regir la sociedad y las relaciones entre la ciudadanía: equidad, justicia, fraternidad económica, solidaridad social y democracia directa. Así, una nueva forma de producir, de consumir y de distribuir, se propone como una alternativa viable y sostenible para la satisfacción de las necesidades individuales y globales, aspirando a consolidarse como un instrumento de transformación social.

La Economía de Francisco es un proceso de la Iglesia católica que se puso en marcha en 2019 y que está contribuyendo a dotar de alma a la economía, haciéndola más justa, inclusiva y sostenible sin dejar a nadie atrás. Desde la aportación de grupos de jóvenes economistas y empresarios del mundo, el papa Francisco invita a “estudiar y practicar una economía diferente, la que hace vivir y no mata, que incluye y no excluye, que humaniza y no deshumaniza, que cuida la creación y no la depreda” con el objetivo de poner en marcha “un nuevo modelo económico, fruto de una cultura de comunión, basado en la fraternidad y la equidad”.

La Economía de los bienes comunes o del “procomún” es un modelo de gobernanza para el bien común. Se refiere a la manera de producir y gestionar en comunidad bienes y recursos, tangibles e intangibles, propiedad de toda la humanidad o que no pertenecen a nadie. Un antiguo concepto jurídico-filosófico, que en los últimos años ha vuelto a tener repercusión pública, gracias al software libre y al movimiento Open Source o al premio Nobel de Economía concedido a Elinor Ostrom, en 2009, por sus aportaciones al gobierno de los bienes comunes.

El procomún lo forman las cosas que heredamos y creamos conjuntamente y que esperamos legar a las generaciones futuras. Una gran diversidad de bienes naturales, culturales o sociales, como, por ejemplo, la biodiversidad, las semillas, Internet, el folclore, el agua potable, el genoma, el espacio público, etc. Bienes que muchas veces sólo percibimos cuando están amenazados o en peligro de desaparición o privatización. Todo el mundo puede acceder al procomún, ­es un derecho civil más­ y no sólo quienes pueden pagarlo.

Como cierre de esta etapa culminante de la campaña “#CuidaPlanetaCombatePobreza”, se invita a actuar a la luz del número 7 del Decálogo Verde (No supeditarás tu acción a los intereses económicos”) y a asumir estilos de vida basados en un consumo responsable: utilizar más mercados locales y empresas sociales; pedir a nuestro banco que no invierta en combustibles fósiles ni en armas; garantizar la dignidad de los empleados que estén a nuestro cargo; proteger los bienes comunes; optar por el comercio justo; y apoyar una Ley de Diligencia Debida para España.