Dos años sin el jesuita Stan Swamy, el activista indio que murió en prisión: "Su último año fue una tortura"

Se cumplen dos años de la muerte del Padre Stan Swamy, jesuita y activista indio que permaneció durante los últimos nueve meses de su vida encarcelado en Bombay, acusado de “terrorismo” por su defensa de los derechos de los nativos en el estado de Jharkhand.

La Compañía de Jesús recuerda que durante aquellos meses de prisión celebraron “jornadas de oración y de denuncia en las instituciones, así como campañas en las embajadas, en los medios de comunicación y en las redes virtuales”, exigiendo su liberación.

En una nota publicada con motivo de los dos años de la muerte de Stan Swamy, los jesuitas denuncian que las investigaciones realizadas “han descubierto que se sembraron pruebas en las computadoras del sacerdote y de otras personas que fueron llevadas a la cárcel por la misma causa de agitación política. Los resultados demuestran que el Padre Stan estuvo injustamente encarcelado y que su fallecimiento en prisión es la prueba de su martirio, de una entrega total a Dios y a los pobres hasta dar la vida”, aseguran.

Durante los nueve meses que estuvo preso antes de morir, se agravó su enfermedad del Parkinson: “No podía llevarse el tenedor a la boca, ni podía asistirse solo en la cárcel. Tenía 84 años. Estaba en la cárcel injustamente. Solo intentar ponernos en su lugar nos causa estremecimiento. Esos meses de cárcel fueron, seguramente, una tortura para él”, agrega la Compañía de Jesús en el comunicado.

Asimismo, han reivindicado el activismo que marcó la existencia de Swamy, siempre apoyando a los pobres y a las personas vulnerables: “Estaba al servicio de la fe, la promoción de la justicia y de la reconciliación”.

Una vida marcada por el activismo

Durante décadas, el jesuita trabajó en la India con comunidades indígenas (adivasis) forzosamente desplazadas de sus territorios por proyectos mineros, de agricultura industrial o del mal llamado desarrollo.

Swamy facilitó la organización de los adivasis para que pudieran reclamar su derecho a la tierra y a sus medios de vida. En 2017, documentó en un estudio con otras organizaciones cómo un gran número de ellos fueron encarcelados durante años cuando reclamaban sus derechos, acusados de “terroristas”. Interpuso una acción pública legal ante los tribunales contra el Estado de Jharkhand en favor de 3.000 indígenas y, desde entonces, ha sido objeto de sospecha, interrogatorios, acusaciones y, ahora, encarcelamiento.

Su detención se enmarca en una deriva cada vez más autoritaria del Gobierno de la India, que se manifiesta en la ley para prevenir actividades ilegales por la que el Estado puede calificar a alguien como terrorista y encarcelar sin juicio.