Justicia y derecho

Justicia y derecho

La actual Constitución establece: España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político (art. 1º). El Estado social y democrático de Derecho de España se haya constituido por leyes ordinarias y decretos-leyes establecidos por el Congreso de diputados y por el Senado, por reglamentos y actos administrativos y ejecutivos del Gobierno y por las resoluciones y sentencias de los jueces y magistrados del Poder judicial que deben ser inspirados y conformados con arreglo a dichos valores. Al tal fin, la citada Constitución española establece:

Sobre el poder legislativo dice: Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. Ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban los Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tiene las demás competencias que les atribuye la Constitución. Las Cortes Generales son inviolables (art.66).

Sobre el poder administrativo manifiesta: El Gobierno dirige la política exterior e interior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes (art. 97).

Sobre el poder judicial ordena: La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey por los Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos al imperio de la ley (art.117).

Ahora bien, los ciudadanos españoles sufren actualmente una grave e injusta crisis política territorial, económica, laboral y moral e injustos y lamentables problemas de corrupción, falsedad, mentiras y de acepción de personas. Se sienten desencantados y desmoralizados por nuestros políticos al no ser el Estado de Derecho justo e igual para todos. Piden justicia e igualdad legislativa, administrativa y judicial para todos.

Justicia es la voluntad constante y perpetua de las personas de atribuir y dar el derecho al que le pertenece. Obliga hacer el bien y evitar el mal, prohíbe el fraude, el engaño, la mentira, el robo, el hurto y la estafa. Igualdad es la voluntad constante de las personas de establecer y dar igual trato a todos los ciudadanos.

Los diputados del Congreso y los Senadores del Senado deben aprobar leyes ordinarias y decretos-leyes justos y democráticos. El Gobierno debe presentar presupuestos anuales y decretos-leyes justos y democráticos al Congreso y al Senado y adminístralos y ejecutarlos justamente sin acepción de personas. Los jueces y magistrados integrantes del Poder judicial deben ser independientes, responsables y sometidos a leyes justas para dictar resoluciones y sentencias justas, sin acepción de personas y sin dilación del tiempo, porque opus susticiae, pax.

José Barros Guede

A Coruña, 7 de noviembre de 2014