¿Se cree a Sánchez cuando asegura que el Gobierno no tendrá "nada que ver" en el nombramiento de los jueces?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha prometido este jueves que la reforma que plantea para el Consejo General del Poder Judicial, en caso de no acordar su renovación con el PP, es "respetuosa con la independencia, plenamente constitucional y acorde con la normativa de la Unión Europea".

El jefe del Ejecutivo ha defendido su ultimátum al PP para acordar la renovación del Poder Judicial en el mes de junio en declaraciones a los periodistas desde el Palacio de la Moncloa, donde junto al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha encabezado la VIII Reunión de Alto Nivel bilateral hispano-turca.

Sánchez ha apuntado que la reforma legislativa que propondrá el Gobierno de coalición al Congreso para desbloquear el CGPJ se está inspirando en algunas propuestas, entre ellas la del propio Consejo General del Poder Judicial y preguntado sobre quién hará los nombramientos ha señalado que "ahí nada tiene que ver el Gobierno".

"Lo que queremos es despolitizar el CGPJ", ha subrayado, tras sostener también que su meta es "liberar al CGPJ del secuestro político en el que lleva sumido consecuencia del bloqueo del PP" y que hay que dar un paso para "regenerar un órgano de gobierno que lleva demasiado tiempo sumido en una parálisis".

El presidente del Gobierno ha evitado avanzar más datos sobre el contenido de esta posible reforma con el argumento de que es importante plantear el detalle una vez se conozca el resultado de la negociación con el PP, al que le ha dicho que "no hay excusa que valga" para no renovar.

"Lo más importante ahora es que tenemos un plazo, el mes de junio, para llegar a un acuerdo con el PP, para que decida si es un partido constitucional o no", ha afirmado.

Ha insistido el presidente en que "el día de la marmota se acabó" porque ha durado 2.000 días, 5 años, y porque el bloqueo del Consejo provoca un gasto de 12,5 millones al año, 1.000 asuntos de retraso y un 30 % de plazas sin cubrir en el Tribunal Supremo o 72 plazas en tribunales superiores y audiencias provinciales, junto con la paralización de la carrera de miles de jueces.