Ramón Rodríguez Arribas, en TRECE: "El Ejecutivo tiene que reconocer que por aquí no vamos por buen camino"
Ramón Rodríguez Arribas, vicepresidente emérito del Tribunal Constitucional, analiza en TRECE la decisión que tumba la reforma legislativa de Pedro Sánchez
Madrid - Publicado el - Actualizado
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Ramón Rodríguez Arribas, vicepresidente emérito del Tribunal Constitucional, analiza en TRECE la decisión que tumba la reforma legislativa de Sánchez: “Lo viví con preocupación y pena. Se ha pronunciado el tribunal porque el régimen de un órgano colegiado es el de mayorías, lo que no se puede hacer es descalificar a un tribunal porque lo hagan por mayoría. Conviene aclarar una cosa, dicen que el TC ha impedido al poder legislativo hacer leyes, lo que es falso. Lo que se ha hecho es salir al paso de una actuación que podría ser contraria a la Constitución. El TC ha hecho posible el debate legislativo y ha permitido que en lo sucesivo que obre con más cuidado. Ahora anuncian que lo van a hacer de otra manera y no creo que lo vayan a hacer bien del todo porque volvemos a las prisas, que no comprendo porque, cuando se trata de leyes, nos llevan al error y al fracaso”.
Rodríguez Arribas considera que “esto es una crisis y esperemos que se resuelva. El Ejecutivo tiene que reconocer que por aquí no vamos por buen camino”. Como vicepresidente emérito del TC describe cómo está viviendo esta situación: “Está dando mala sensación porque cuando yo estaba había división, pero no esta situación de tirantez porque el prestigio del tribunal depende de que convenza. Creo que lo que no hay son instrucciones porque sería muy grave aceptar que eso existe. El gran sacrificio de un juez es que su independencia, que es un derecho de los ciudadanos, someta a debate interno sus propios principio y valores, desecharlos y someterse a la Constitución y al ordenamiento jurídico. El juez que no hace este esfuerzo no está cumpliendo sus obligaciones”.
Para concluir, Ramón Rodríguez Arribas afirma que “todo lo que está pasando es con la intención de que el TC sea menos conflictivo para el poder político ejecutivo y esa finalidad puede acabar con el TC y mermando el Estado de Derecho en España. Esperemos que no prospere”.