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Los fiscales del Supremo que intervinieron en el juicio del procés han insistido en que no se puede amnistiar el delito de malversación a los condenados y fugados por ser "improcedente y contrario a las leyes", y abren la puerta a apartarse de la causa si el fiscal general quiere perdonar la malversación.

Esta es la respuesta que ya tiene sobre la mesa el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que este martes les pidió que elaborasen un "informe procesal" y "no genérico" como el presentado hace días, en el que ya recogían su postura contraria a la malversación.

Además, los fiscales adelantan que en caso de que García Ortiz no acepte sus argumentos, "prescindiendo del análisis del hecho concreto y de los argumentos jurídicos expuestos en los informes", entonces "deberá ordenarlo por escrito de manera motivada y fundada", y a continuación convocar una Junta de Fiscales de Sala en virtud del artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Público.

Porque, continúan, "estimamos que su aplicación en lo que concierne al delito de malversación de fondos públicos es improcedente y contraria a las leyes por no ajustarse a los criterios más elementales de lógica jurídica y de legalidad penal exigibles en la interpretación y aplicación de la norma".

Con todo, la última palabra la tendrá siempre el fiscal general y por eso los fiscales avanzan que si, tras la Junta, García Ortiz pretende amnistiar la malversación "será necesario dictar un decreto motivado que acuerde la avocación de la causa para ser despachada por él mismo o quien designe a tales efectos", como dicta el artículo 25 del Estatuto, es decir, que se apartarían de la causa.

Todo ello porque los cuatro fiscales - Ismael Moreno, Javier Zaragoza, Fidel Cadena y Consuelo Madrigal- piden dejar fuera de la amnistía la malversación ya que entienden que "la Ley excluye de su aplicación los actos de malversación que implican un enriquecimiento personal o un beneficio patrimonial".

Esto afecta a los cuatro condenados que cumplen penas de inhabilitación por este delito, que son el exvicepresident Oriol Junqueras y los exconsellers Raul Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa. Y también concierne a tres de los fugados que son el expresident Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluis Puig, procesados por malversación y desobediencia.

Los fiscales explican que "resulta indudable" que todos ellos "como receptores de los gastos sustrajeron por sí mismos caudales públicos", para lo cual "no recurrieron a la conducta pasiva de comisión por omisión de consentir que otros sustrajesen, sino que ellos mismos sustrajeron caudales públicos en forma de millones de euros".

Y lo hicieron "para ejecutar contra las decisiones del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña un proyecto inconstitucional de desintegración de España y proclamación de independencia; y esos fondos no han sido restituidos".

Añaden también que esa malversación dentro de un Estado que forma parte de la UE produce "un riesgo de fractura territorial de la UE y la consiguiente disminución de los ingresos y fondos que forman parte de su presupuesto, repercute negativamente en los propios intereses financieros de la Unión".

Por consiguiente, consideran que las ordenes de detención, que afectan, a Puigdemont, Comín y Puig, no pueden ser alzadas, pese a que la ley contempla que deben de ser levantadas de inmediato en cuanto entre en vigor en el BOE, porque el delito no es amnistiable.

Sí apoyan, en cambio, levantar las cautelares a la ex secretaria general de ERC Marta Rovira, porque solo está procesada por desobediencia, un delito que sí ven dentro de la amnistía junto al de desórdenes públicos.